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Por María Josefina Arce
La presidenta Xiomara Castro heredó un viejo problema en Honduras, las deplorables condiciones en las cárceles, donde prolifera la violencia, que en los últimos días se cobró la vida de una persona, mientras otras siete resultaron lesionadas por hechos de esta índole registrados en cuatro de estos centros.
Castro anunció que se adoptarán medidas enérgicas para acabar con esta lamentable situación, pero siempre, subrayó, respetando los derechos de los reclusos, sus familiares y defensores.
La mandataria ha dejado claro que su gobierno trabajará para transformar las prisiones de la nación centroamericana en centros de rehabilitación y dar la oportunidad a estas personas de reinsertarse en la sociedad. Se busca, dijo, que dejen de ser escuelas de crimen y tortura como lo han sido por largos años.
El sistema penitenciario de Honduras está compuesto por 26 cárceles y alberga a más de 19 MIL reos, pese a que su capacidad máxima es de ocho MIL, una situación que favorece la violencia.
Al hacinamiento se suman las torturas, el mal trato, pésimas condiciones de higiene y salubridad y mala alimentación. Ese es el día a día de estas personas privadas de libertad, muchas de las cuales permanecen en esos recintos sin haber recibido una sentencia.
Cuando Castro asumió la presidencia, en enero del pasado año, encontró un país catalogado como uno de los más violentos de América Latina, donde las pandillas fueron ganando terreno ante la indiferencia de los gobiernos anteriores que no adoptaron políticas sociales capaces de acabar con las malas condiciones de vida, caldo de cultivo para la delincuencia, la violencia y el aumento por tanto, de la población carcelaria.
Por eso, aunque en un difícil panorama, tras años de un modelo neoliberal, el nuevo gobierno viene trabajando para lograr sacar a más de cuatro millones de hondureños de la pobreza extrema, del hambre y proporcionarles acceso a la educación, salud y otros servicios esenciales.
En estos casi 15 meses de mandato ha garantizado de manera gratuita el servicio eléctrico a más de un millón de personas que viven en la pobreza, derogó la ley de empleo por horas que precarrizaba el empleo e implementó el programa de Red Solidaria.
Esta iniciativa comprende la mejora de viviendas, construcción de escuelas y atención a mujeres embarazadas, y está encaminada a beneficiar a unas 400 MIL familias de más de 2000 aldeas.
Estas y otras medidas que prevé el actual gobierno van cerrando las vías a la delincuencia, por lo que es también un objetivo depurar el sistema judicial para eliminar el alto grado de impunidad y la violencia, incentivada por la implicación del mismo estado en el narcotráfico.
Aunque aún es pronto, lo cierto es que 2022, de acuerdo con las informaciones, concluyó con una reducción de las muertes violentas y se registró un avance en las investigaciones de los homicidios.
La presidenta Xiomara Castro tiene un largo y difícil camino que recorrer, pero ha dejado claro su deseo y voluntad de trabajar por los derechos de todos y lograr un país más justo, equitativo y sin violencia.
