La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, en una prisión de La Paz el 15 de junio de 2022.Juan Karita / AP
Por: Roberto Morejón
Probablemente la ex presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez añora recobrar la petulancia de los días posteriores al golpe de estado de 2019, para afrontar ahora las imputaciones por delitos cometidos durante su gestión.
Detenida en
Se relaciona con el caso denominado Sacaba, ciudad vecina de la central Cochabamba, donde los militares cometieron una matanza, posterior a la asonada contra el expresidente Evo Morales.
Los uniformados también diezmaron a manifestantes contrarios al golpe en la localidad de Senkata, próxima a la ciudad de El Alto.
Casi 40 personas murieron por la represión en ambos lugares, pero la detenida afronta otros procesos, entre ellos uno por el que fue sentenciada a 10 años de prisión.
Así fue por situarse inapropiadamente en línea de sucesión constitucional después de la obligada renuncia de Evo Morales.
Los magistrados tienen presente que la autoproclamada primera mandataria dictó un decreto para liberar de responsabilidad penal a militares participantes en lo que llamaron “restablecimiento del orden interno”.
Ante el cúmulo de cargos, la ex gobernante de facto trata de bloquear las investigaciones, guarda silencio, rechaza la competencia de fiscales y jueces y afirma que el gobierno se inmiscuye en el proceso.
Se trata de una cortina de humo nutrida igualmente con su posición de supuesta desvalida, alimentada por medios de derecha latinoamericanos.
Pero no es la dama de la biblia la única involucrada en pésimos manejos porque su mano derecha, el exministro de Gobierno Arturo Murillo, cómplice en persecuciones a opositores, cayó en desgracia en su refugio en Estados Unidos.
Murillo, quien se fugó de Bolivia, declaró recientemente ante un jurado por fijar sobreprecio en la compra de bombas de gas lacrimógeno en 2020.
El Estado de Bolivia lo imputa por apropiarse de poco más de dos millones de dólares.
El procesado está encarcelado en Miami por una sentencia de 70 meses de prisión al probarle lavado de dinero y soborno.
Como se constata, a pesar del manto protector de la prensa hegemónica, Áñez y algunos de sus secuaces han tenido que enfrentar la justicia, como exige la mayoría de los bolivianos.
