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Por María Josefina Arce.

"Esmeraldas se desangra" ha sido un titular recurrente en la prensa en los últimos meses, y que refleja la situación que vive esa provincia de Ecuador, que se ha convertido en una de las más violentas del país andino.

Pobladores de la región han demandado reiteradamente a las autoridades que se ponga fin a la inseguridad.  Es así que cientos de personas con camisas blancas como símbolo de paz marcharon en los últimos días por las calles de la ciudad de Esmeraldas, en la provincia del mismo nombre.

La costera provincia registró el pasado año más de 400 muertes violentas, con una tasa de 63% de homicidios por cada cien MIL habitantes. 

Asesinatos, robos, secuestros y extorsiones forman parte del día a día de la población de Esmeraldas, que como el resto del país sufrió la incidencia de la COVID 19 y desde hace meses se ve azotada por la violencia, lo que impide un repunte económico.

En marzo último el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en el área, dónde desde el pasado año se  desplegó una cifra significativa de policías y militares. 

Pero el número de muertes violentas siguió aumentando. Estas medidas  no van a las raíces del problema. La región ha sido objeto de un total abandono durante años.

Los residentes en esa zona fronteriza con Colombia apuntan a la pobreza, el desempleo, analfabetismo y falta de voluntad del gobierno para poner en práctica políticas efectivas para su desarrollo socioeconómico  como los verdaderos causantes de la actual situación.

De acuerdo con los especialistas, Esmeraldas reúne una población mayoritariamente afrodescendiente y presenta con 50%  el índice de pobreza más alto de la nación andina, mientras que la pobreza extrema afecta a 25,3 % de sus habitantes.

Asimismo el desempleo sobrepasa el 15%, es alta la precariedad de las viviendas y la ausencia de servicios básicos como la salud y educación, en la que hay una brecha de casi dos años de escolaridad respecto al promedio nacional.

Esmeraldas vive una crítica situación, que aunque en menor medida es también la realidad de la mayoría de las provincias de Ecuador, donde bien poco se ha hecho a favor de la ciudadanía por el gobierno del presidente Lasso, objeto en la actualidad de un juicio político en la Asamblea Nacional por acusaciones de malversación.

No por casualidad se situa en 85% la desaprobación a la gestión del mandatario, quien desde su llegada a la presidencia en 2021 ha enfrentado protestas populares.