Por María Josefina Arce

Ha transcurrido poco más de una semana de la realización de las elecciones generales en Guatemala, y el panorama es tenso e incierto en la nación centroamericana, donde organizaciones de la sociedad civil denunciaron que están en peligro los resultados de la primera vuelta electoral, tras el controvertido fallo de la Corte de Constitucionalidad, apoyado por el Tribunal Supremo Electoral.
   
El pasado sábado la máxima instancia judicial del país decidió suspender temporalmente la calificación de los resultados en las urnas del pasado 25 de junio, por supuestas irregularidades denunciadas por partidos de derecha.
   
Nueve organizaciones presentaron un amparo ante la Corte para impedir que el Tribunal Supremo Electoral oficializara la victoria de los dos candidatos más votados entre los más de 20 aspirantes y que deberán medirse en una segunda ronda el 20 de agosto próximo por la presidencia  del país.
    
Horas después en una resolución el Tribunal Supremo Electoral manifestó que acataba el fallo y ordenó frenar la oficializacion de los resultados de la primera vuelta.
    
Con 15,8 % de los sufragios Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, y 11,7% Bernardo Arévalo, del Movimiento socialdemócrata Semilla, fueron los ganadores de la jornada, en la que el voto nulo contabilizó más de 17%.
     
La gran sorpresa fue Arévalo, quien no aparecía como favorito en las encuestas de opinión y se coló en el balotaje, tras lograr un gran apoyo en las zonas urbanas.
    
De hecho el candidato presidencial por Semilla presentó ante la Corte de Constitucionalidad tres solicitudes en busca de contener los efectos de las medidas tomadas. Actuamos en defensa del voto, en el marco de la legislación existente, pese a que está siendo vulnerada, indicó.
     
Casualmente analistas señalan que los cuestionamientos por supuesto fraude comenzaron tras conocerse el pase de Arévalo a la segunda ronda, cuya convocatoria también está paralizada.
     
El fallo de la máxima instancia judicial del país, apoyado por el Tribunal Supremo Electoral, ha despertado las criticas de diversos sectores y de organismos internacionales observadores de la jornada del domingo 25 de junio.
  
Mirador Electoral, que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil, afirmó que las acciones legales interpuestas por diferentes partidos políticos buscan crear las condiciones para un golpe electoral, lo cual, apuntó, es equivalente a un golpe de estado.
   
En un comunicado denunció que  los partidos que salieron desfavorecidos en las elecciones pretenden anularlas y llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta.
    
Ya a los comicios se llegó con un ambiente enrarecido y una gran desconfianza del electorado, tras denuncias de irregularidades como criterios diferenciados para aceptar o denegar candidaturas.
  
Ese es el caso de la aspirante por el izquierdista Movimiento de Liberación de los Pueblos, la líder indígena Thelma Cabrera, a quien el Tribunal Supremo Electoral impidió su inscripción, mientras aceptó la de Zury Ríos, del Partido derechista Valor e hija del ex dictador José Efraín Ríos Montt, aunque la Constitución prohíbe esa posibilidad a familiares de golpistas.
    
La incertidumbre domina hoy el panorama en Guatemala, donde se suceden las denuncias sobre los intentos de impedir una segunda ronda de las elecciones generales.