Foto: Prensa Latina.
Por Roberto Morejón
Una corriente de condena internacional crece ante el atentado terrorista a la embajada cubana en Estados Unidos, suceso que afortunadamente no causó pérdida de vidas humanas.
El gobierno de la mayor de las Antillas denunció rápida y enérgicamente el ataque, cometido, según evidencia un video de seguridad, por un individuo, portador de dos cocteles molotov que pudieron provocar un incidente de envergadura.
Como es sabido, las Convenciones internacionales obligan a los países receptores a otorgar protección a embajadas y otras misiones extranjeras.
Los cubanos no pueden olvidar que en 2020 otro ataque terrorista contra su embajada en Washington causó consternación y provocó la contundente condena del gobierno de este país.
Tres años atrás un individuo, identificado posteriormente, disparó 32 proyectiles con un fusil de asalto contra el edificio, acto que Estados Unidos rehusó calificar de terrorista.
Se esperaba que transcurrido este tiempo el autor del hecho de violencia hubiera sido juzgado, pero no ha sido así.
Es oportuno aspirar a que la investigación sobre la nueva agresión a la embajada cubana no sufra retrasos.
El vocero del Departamento norteamericano de Estado, Matthew Miller, dijo que una pesquisa se lleva a cabo y, según versiones de prensa, calificó los “ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas” de inaceptables.
Lo cierto es que la impunidad de la que han gozado los ejecutores de acciones violentas los alienta a ellos y a otros a continuar por el camino del delito, en ultraje de leyes y convenciones en el mundo civilizado.
Cuba ha sufrido y denunciado al menos 581 actos de terrorismo de Estado contra sus representaciones diplomáticas desde el triunfo de la Revolución.
El odio promovido por la oratoria oficial en Washington y exacerbado por la extrema derecha de la emigración de origen cubano, asentada esencialmente en la Florida, genera una atmósfera propicia para la realización de los ataques.
Todo ello ocurre en Estados Unidos, el que ubica a Cuba, de forma unilateral, en una lista de países que, según su óptica, patrocinan el terrorismo.
Estadounidenses solidarios con la mayor de las Antillas, congregados para denunciar el ataque reciente a la embajada, también reclamaron a su gobierno retirar a Cuba de la ilegítima enumeración.