Por Roberto Morejón
Por trigésimo-primera ocasión, Cuba se ha visto precisada a exponer en la Asamblea General de la ONU una iniciativa para rechazar el bloqueo de Estados Unidos, política genocida causante de acentuadas privaciones materiales.
Desde 1992, Cuba presenta propuestas de resolución sobre la necesidad de poner fin al cerco de la potencia del Norte, pues los daños económicos ascienden en más de seis décadas a una cifra superior a los 159 mil millones de dólares.
No han importado a las administraciones estadounidenses, como la demócrata actual y la anterior de Donald Trump que recrudeció el bloqueo, los 30 pronunciamientos de la Asamblea General de la ONU a favor de las propuestas presentadas por La Habana.
El manojo de disposiciones coercitivas causó solo de marzo del año pasado a febrero último pérdidas por valor de 4 mil 800 millones de dólares, o sea, más de 405 millones mensuales o un millón de dólares cada dos horas.
Igualmente incidió en la disponibilidad de medicamentos y en las operaciones bancarias en el exterior.
El sistema bancario y financiero de la mayor de las Antillas es perseguido por los instrumentos de Washington para ese fin.
Cuba no puede acceder a créditos como lo hacen otros países y sus operaciones financieras y bancarias son truncadas o sufren demoras, ante el temor de las contrapartes de ser objeto de sanciones estadounidenses.
Todo lo anterior se agravó desde la reincorporación de la nación caribeña por Trump a la lista de países que, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo, cuando no existen pruebas al respecto.
A causa del bloqueo, los cubanos también vieron limitado el acceso a los medicamentos, pues el muy profesional sector biofarmacéutico no ha podido desarrollarse según sus planes.
El boicot de la primera potencia militar del planeta impide a Biocubafarma conseguir ingresos por exportación indispensables para localizar materias primas.
Valgan estos botones de muestra, entre otros, como evidencias para respaldar la presentación de Cuba en la ONU de iniciativas para que la comunidad internacional reclame a Estados Unidos el cese de su cerco.
El gobierno de ese país no puede ignorar por tiempo indeterminado decisiones casi unánimes adoptadas en la Asamblea General.