Saliente fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa.

Por Roberto Morejón

La elección del fiscal general de Colombia ha generado polémica, insertada en la tendencia de segmentos conservadores de complicarle el mandato al presidente progresista Gustavo Petro.

El reemplazo del saliente fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, por cumplimiento de misión, no ha sido de simple rutina, al derivar en un choque de posiciones e ideas entre el magistrado y el Jefe de Estado.

La reunión convocada en la Corte Suprema de Justicia para elegir a una nueva fiscal, entre una terna propuesta por Petro, concluyó llamativamente sin acuerdo, y a la postre reemplazará interinamente a Barbosa la vicefiscal Martha Mancera.

 Si bien la Corte Suprema de Justicia volverá a examinar la elección de un fiscal definitivo, llamó la atención que ese órgano no alcanzara los votos necesarios para decidirse por las juezas propuestas por el Presidente de la República.

La figura de Mancera está rodeada de polémica porque la prensa local reveló un informe de inteligencia que la implica en una red para encubrir a un funcionario de la Fiscalía que, según indicios, colaboraba con narcotraficantes.

Sectores de la sociedad y manifestantes en las calles instaron a elegir de una vez a la próxima fiscal y tomaron nota de la obstinada actuación de Barbosa.

Petro acusó al fiscal saliente de intentar derrocarlo a través de una investigación lanzada sobre las donaciones hechas a su campaña electoral.

No son pocos los que ven en Mancera la continuidad del fiscal que concluye su gestión, a quien le atribuyen ser pertinaz en las investigaciones sobre personas allegadas al gobierno, y moroso en las relacionadas con políticos de derecha.

No por casualidad, legisladores del Pacto Histórico rechazaron lo que califican de persecución de la fiscalía contra el estadista de la nación.

Grupos de la sociedad civil también muestran preocupación y por eso fueron a una marcha para, según afirmaron, resguardar la democracia y asegurar la integridad del Estado Social de Derecho.

La controversia planteada está lejos de indicar una simple diferencia de caracteres entre el fiscal y el gobierno.

Así lo subrayan quienes en Colombia abogan por un Ministerio Público democrático, sin apartarse de la legalidad y libre de influencias de partidos conservadores.

Colombia se suma al listado de países latinoamericanos donde la derecha se escuda en magistrados y tribunales para impedir el ascenso de figuras de izquierda o atacarlas cuando llegan a la presidencia.