Foto: @canalantiguaoficial

Por María Josefina Arce.

En los últimos días el gobierno del presidente Bernardo Arévalo tomó una importante decisión, que tiene en cuenta una vieja demanda de los pobladores de la comunidad de Asunción Mita, en el departamento guatemalteco de Jutiapa, sobre el cuestionado proyecto minero de Cerro Blanco.

Las autoridades anularon la licencia ambiental para la explotación a cielo abierto del yacimiento de oro y plata, que le había sido otorgado a la empresa canadiense Bluestone Resources por la anterior administración, encabezada por el entonces mandatario Alejandro Gianmattei.

A pesar del rechazo de organizaciones ambientalistas y residentes de la comunidad de Asunción Mita, a pocos días de concluir su mandato en enero de este año el gobierno de Gianmattei aprobó la explotación de Cerro Blanco  con este cuestionado sistema.

En 2016 la empresa canadiense adquirió los derechos de explotación de la mina, pero decidió cambiar el método subterráneo al de cielo abierto, sumamente controvertido por sus negativas consecuencias para el medio ambiente y la salud de las poblaciones de la zona.

Bien conocidos son los daños que ocasionan las actividades extractivas mediante este mecanismo, que provocan la contaminación del aire, suelo y el agua superficial y acuíferos subterráneos.

Este procedimiento también produce alteraciones del microclima, afecta la flora y fauna local y regional y daña la salud de las poblaciones aledañas.

Con el otorgamiento de la licencia, el gobierno de Gianmattei  no tuvo en cuenta estos cruciales aspectos, pero además ignoró los reclamos de la comunidad de Asunción Mita, que en septiembre de 2022 realizó una consulta municipal que rechazó la actividad minera, y que fuera invalidada oportunamente en menos de 24 horas por el Ministerio de Energía y Minas.

El proyecto, que está ubicado a 14 kilómetros de El Salvador, afectará igualmente a esa nación vecina. De acuerdo con los expertos los residuos vertidos por la mina llegarian al río Lempa, el principal afluente salvadoreño.

El actual gobierno señaló que se encontraron anomalías como firmas presuntamente falsas y el extravío de más de 900 folios del expediente original del proyecto Cerro Blanco.

Además puntualizaron que el cambio de sistema de explotación subterránea al de cielo abierto es un proyecto diferente con gran impacto ambiental, que requerirá un estudio nuevo.

La anulación de la licencia es una primera victoria para los grupos ambientales tanto de Guatemala como de El Salvador, que también han denunciado los peligros de la explotación a cielo abierto para las poblaciones de los dos países y han apoyado la lucha de la comunidad guatemalteca de Asunción Mita.