Protestas en El Salvador contra aprobación de ley que revive la minería metálica

por María Josefina Arce

En 2017 en El Salvador se aprobó una Ley que  prohibía la minería metálica, tras más de una década  de lucha de grupos ambientalistas, movimientos sociales y de otros sectores de la sociedad, como la iglesia católica, por sus negativos impactos  en el entorno y la vida de las comunidades rurales.

De histórica y decisiva fue calificada en su momento la aprobación de la norma por la Asamblea Legislativa del pequeño país centroamericano, apoyada por 77% de la población, de acuerdo con sondeos realizados.

Sin embargo, el actual gobierno ha dejado sin efecto esa legislación, al lograr que el actual  órgano legislativo, dominado por Nuevas Ideas, partido del presidente Nayib Bukele, aprobara una norma  que da vía libre a esa práctica en territorio salvadoreño y que es rechazada por buena parte de la ciudadanía.

Las intenciones del gobierno  habían sido denunciadas por activistas ambientalistas, quienes señalaron llevan  a una muerte lenta, pero segura, y al enriquecimiento de las trasnacionales.

A lo largo del año tuvieron lugar varias protestas contra los planes gubernamentales, presentados bajo el argumento de que la implementación de esa actividad tributará al desarrollo del país, cuando los expertos estiman que es sinónimo de precariedad, desigualdad, pobreza y subdesarrollo.

A principios de este mes numerosos ciudadanos, de distintas regiones del país, se concentraron en San Salvador, la capital, frente a  la sede de la Asamblea Legislativa en protesta contra la posible derogación de la Ley que prohíbe la minería.

Académicos, ecologistas y ciudadanos, en general, afirman que las actividades extractivas traerán complicaciones en el abastecimiento de alimentos, así como enfermedades como el cáncer y la insuficiencia renal.

En el centro de atención está el problema del agua, ya deficiente en el país y que se agudizaria con la minería por la contaminación de ese esencial recurso con sustancias tóxicas como cianuro, plomo y cadmio, entre otras.

También denuncian que traerá la migración obligada de varias comunidades en  departamentos como Chalatenango, Cabañas y Usulután.

Son muchas las voces que catalogan de retroceso la derogación de la norma de 2017 y una violación del derecho de los salvadoreños a un ambiente sano.