Foto: Ministerio de Justicia

Por: Roberto Morejón

Perú no logra la estabilidad a pesar de los esfuerzos por protegerse entre el Congreso, dominado por la derecha, y el gobierno del país, incluyendo la presidenta designada, Dina Boluarte.

Fuentes periodísticas revelaron que las autoridades gastan más en la defensa de funcionarios sometidos a pesquisas judiciales que en esferas clave, como puede ser la educación.

Ocurre que en Perú son frecuentes las imputaciones y sospechas sobre funcionarios públicos, de ahí que ellos recurran a abogados para tratar de aclarar su situación.  

El gobierno del país sudamericano gastó más de 1,6 millones de dólares en la defensa de altos funcionarios acusados de corrupción y de violar derechos humanos, mientras las partidas de salud y educación se enfrentan a obstáculos para ser aprobadas.

Ahora mismo, el gabinete sufre un torbellino social y político luego de la censura al Ministro del Interior, Juan Santiváñez, uno de los más rechazados del país.

El funcionario fue señalado por su pasado ligado a prácticas que sus adversarios califican de clientelistas, aunque asimismo lo inculparon por la crisis de seguridad ciudadana imperante.

El actual ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, quien reemplazó a Santiváñez, también ha sido colocado bajo la picota pública, al confirmar que es objeto de una pesquisa desde la Fiscalía de la nación por un caso de alegada corrupción.

Díaz Zulueta es un general en retiro de las filas de la policía, procedencia que incentiva los emplazamientos de sectores políticos y sociales y de la población.

No pueden sustraerse los apremios de los ministros de esta cartera de la alarmante crisis de inseguridad de las últimas décadas, con un alto grado de criminalidad en las calles.

Con ese argumento, en Perú son prioridad las ramas de Defensa e Interior, aunque además están implicadas en las investigaciones de la Fiscalía por las muertes de 49 civiles durante la represión policial y militar de 2022 y 2023.  

Ante los casos de corrupción y la criminalidad, el gobierno de Boluarte se mantiene a la defensiva y sufre desgaste por el reproche ciudadano.

La propia primera mandataria se enfrenta a ocho investigaciones en la Fiscalía nacional, así como su hermano, en tanto en el Congreso proliferan igualmente casos de ese tipo.

No es de extrañar entonces que la Jefa de Estado designada se viera precisada a hacer seis transformaciones en su equipo durante su mandato, y sumara 53 designaciones para una media de un ministro cada 12 días.  

Los políticos, no obstante, intentan hacer creer que el modelo peruano es un ejemplo para la región.