Por: María Josefina Arce

La situación en Venezuela es bien compleja. Los últimos días han visto una escalada en las acciones de la oposición, ahora con mayoría parlamentaria, que busca por todos los medios crear el caos en el país y derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.

A los intentos de reeditar las acciones violentas que hace dos años dejaron más de 40 muertos y unos 800 heridos, la derecha desde su posición en el órgano legislativo promueve la revocación de Maduro.

La reacción de la oligarquía tiene lugar tras el dictamen favorable del Tribunal Supremo de Justicia al Decreto de Emergencia Económica propuesto por el Ejecutivo y rechazado por la Asamblea Nacional días después de su divulgación por el presidente el 14 de enero.

Gracias al veredicto del poder Judicial, el Gobierno tiene autorización y cobertura constitucional para continuar con su plan de transformación económica a pesar de la negativa parlamentaria, que no reconoce e intenta minimizar la guerra económica de que es objeto la Revolución Bolivariana y que afecta fundamentalmente a los venezolanos.

Desabastecimiento y acaparamiento promueven los elementos de la derecha para crear el descontento en la población y provocar la caída del gobierno elegido democráticamente en las urnas.

Por demás, se ha alentado a la violencia, en esta ocasión ha sido el partido Voluntad Popular, la organización que lidera Leopoldo López, el cabecilla de los hechos sangrientos del dos de febrero de 2014, quien cumple 13 años de condena bajo los cargos de incitación a la violencia y atentado contra el orden público.

Precisamente la derecha intenta aprobar en la Asamblea Nacional una Ley de Amnistía que para la gran mayoría de la sociedad venezolana promovería la impunidad y el olvido de los delitos contra el pueblo venezolano.

El principal objetivo de esta propuesta de Ley es liberar a Leopoldo López, así como obtener la impunidad para los implicados en actos terroristas que promovieron y participaron en actos contra la estabilidad política de Venezuela.

Los expertos recuerdan que muchos de los que se beneficiarían con la amnistía huyeron del país para evitar entregarse a la justicia y enfrentar el debido proceso por la comisión en muchos casos de “delitos comunes”.

Pero la derecha no ha contado en sus planes con la gran mayoría de los venezolanos. Sondeos de opinión revelan que 54 por ciento de los encuestados  considera que a la derecha no le interesa ayudar a resolver la coyuntura económica del país, sino derrocar al presidente  Nicolás Maduro.

Mientras, 57 por ciento de los encuestados afirmó que la oposición no ha propuesto ninguna estrategia para solucionar la situación derivada de la baja de los precios del petróleo y la guerra económica propiciada por sectores del comercio y la industria vinculados a partidos políticos de la propia derecha.

En este contexto, la sociedad civil venezolana continúa defendiendo los logros de la Revolución Bolivariana, que han llevado a Venezuela a ocupar el lugar que internacionalmente le corresponde.