Por: Roberto Morejón

Los gobiernos de Costa Rica y Panamá informaron sobre la conclusión del traslado de migrantes cubanos que, por razones económicas, emprendieron un riesgoso camino hacia Estados Unidos, alentados por la Ley de Ajuste Cubano.

La cancillería panameña hizo precisiones sobre el envío de los migrantes que permanecían allí desde noviembre de 2015 con destino a México, gracias a un acuerdo regional para hallarle una salida a la compleja situación creada en Centroamérica.

En Costa Rica sólo aguardaría un grupo de migrantes cubanos, pues los restantes salieron hacia México por dos vías, por vuelos directos o por carretera, a través de El Salvador y Guatemala.

Versiones periodísticas consignaron que no todos participaron en el traslado aéreo gestionado por el gobierno costarricense, pues un grupo optó por ponerse en manos de los llamados “coyotes”.

Precisamente, los migrantes se quedaron atascados después del desmantelamiento de una red de traficantes de seres humanos por la policía de Costa Rica en noviembre de 2015.

La partida de los últimos cubanos corona un esfuerzo institucional, político y económico de los gobiernos de varios países centroamericanos y México, así como de la Organización Internacional para las Migraciones.

Su interés era neutralizar una crisis humanitaria después de que Costa Rica adujera su incapacidad para atender el problema.

Las cancillerías de Costa Rica y Panamá enfatizaron en que la labor desplegada respondió a una coyuntura excepcional y única.

Las autoridades cubanas se mantuvieron en contacto con los gobiernos de los países implicados en la búsqueda de una salida adecuada que tomara en cuenta el bienestar de sus ciudadanos.

Los cubanos que permanecieron obstruidos en Panamá y Costa Rica salieron legalmente de su país, esencialmente hacia Ecuador y una vez allí emprendieron un peligroso recorrido por tierra hasta la frontera entre México y Estados Unidos.

En busca de concretar sus expectativas económicas, no pocos de los viajeros pagaron sumas exorbitantes a los traficantes de seres humanos.

Lo hicieron alentados por la Ley de Ajuste Cubano y la aplicación de la llamada política de “pies secos-pies mojados” que ofrecen un tratamiento diferenciado y único.

En efecto, esos instrumentos legales permiten la admisión inmediata de los cubanos, sin importar la vía utilizada para su llegada a Estados Unidos.

Se trata de políticas agresivas inexplicables incluso para los gobiernos latinoamericanos, cuyos nacionales emigran hacia Estados Unidos para conseguir mejoras económicas, pero son rechazados y devueltos.

Para Cuba, la Ley de Ajuste Cubano y otra disposición que alienta la deserción de personal de salud carecen de sentido cuando ambos países intentan avanzar hacia la normalización de sus relaciones.