Por: Guillermo Alvarado
El conflicto desatado por la violenta arremetida de las fuerzas derechistas conservadoras de Brasil contra el gobierno del Partido de los Trabajadores subió de tono cuando el juez federal Itagiba Catta Preto decidió suspender, de forma temporal, el nombramiento del ex jefe de Estado Luis Inacio Lula da Silva como ministro-jefe de la Casa Civil.
El magistrado, con una remarcada trayectoria contra la administración de la presidenta Dilma Rousseff, dijo atender una petición hecha por una asociación médica del país, en lo que a todas luces es una nueva maniobra para desestabilizar a la nación sudamericana.
Catta Preto participó en marchas contra la primera mandataria y en sus cuentas de las redes sociales difunde mensajes clamando por la destitución de la gobernante, por lo que su decisión, más que un dictamen de tipo puramente judicial, está enmarcada en la lucha política de la derecha por restaurar el neoliberalismo y borrar las conquistas sociales de los últimos años.
El líder del Partido de los Trabajadores en el Senado, Humberto Costa, aseguró que no existe ningún impedimento para que Lula da Silva sea ministro de gobierno, porque se encuentra en el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.
En el enrarecido ambiente que se vive en Brasil, la presidenta Roussef también criticó con dureza la divulgación por parte del juez Sergio Moro de escuchas ilegales, un acto que viola la Constitución de la República.
Convulsionar a la sociedad con información que no es verdadera, métodos oscuros y prácticas cuestionables viola los principios y garantías establecidas en la Carta Magna, los derechos de los ciudadanos y, además, sienta un precedente gravísimo, denunció la primera mandataria.
Mientras, Lula da Silva publicó una carta abierta donde califica los ataques sufridos en los últimos días como “tristes y vergonzosos episodios” y aseguró que esas maniobras no le harán perder la confianza en el sentido del equilibrio de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Ante esta nueva intentona golpista, personalidades políticas y organizaciones sociales de la región y otras partes del mundo manifestaron su solidaridad con Dilma Roussef y Lula da Silva.
El expresidente uruguayo José Mujica dijo que hay intereses muy pesados tratando de sacar de la carrera política a Lula e impedir su participación en las próximas elecciones presidenciales.
Asimismo, el jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa, calificó de canallada lo que la derecha está haciendo en Brasil, en tanto que circuló recientemente una carta firmada por 14 antiguos mandatarios de América Latina y Europa que condenaron el "intento de algunos sectores de destruir la imagen de este gran brasileño".
El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, informó que el presidente Tabaré Vázquez envió a sus colegas de la Unión de Naciones Sudamericanas un proyecto de declaración de respaldo institucional a la gobernante Dilma Roussef y donde se exige respeto al orden institucional en Brasil.
Se trata indudablemente de un escenario de lucha de clases, donde los poderosos y acaudalados intentan eliminar un gobierno de origen obrero para restaurar sus beneficios y dar rienda suelta a una desaforada explotación.
