por María Josefina Arce

El controvertido juicio político contra la apartada presidenta Dilma Rousseff va perdiendo fuerza, mientras se reafirma que se trata de un golpe de estado para apartar del gobierno al Partido de los Trabajadores de Brasil y retornar a aquellos tiempos de políticas neoliberales.

En las últimas horas una investigación realizada por expertos del Senado Federal dejó claro que Rousseff no participó en las maniobras fiscales de las que se le acusa y que constituyen una de las causas que llevaron a la apertura del juicio político que se tramita contra ella en la Cámara Alta.

El texto presentado por los peritos evidenció la fragilidad de la denuncia, que ahora como muchos advirtieron a su tiempo se convierte solo en un pretexto para apartar definitivamente de su cargo a una presidenta electa por el voto de más de 54 millones de brasileños y que ha continuado con las políticas sociales de su antecesor Luis Inacio Lula Da Silva, que sacaron de la pobreza a millones de personas.

Los analistas recordaron que el gobierno golpìsta era totalmente contrario a que se realizara esa investigación, demostrando cuánto de falso hay en ese juicio político que promueve y cuáles son sus verdaderas intenciones: echar por tierra los logros de los últimos años que beneficiaron a las mayorías.

No olvidemos que el presidente interino, Michel Temer, quien quedó a cargo de la nación, ha llevado a cabo desde los primeros días en el poder una serie de reformas económicas y modificaciones contra los intereses de los trabajadores, campesinos y hasta contra el sector de la salud, cultura y educación.

Las supuestas maniobras fiscales son una de las cuatro acusaciones contra la presidenta, por lo que pese a que resulta exculpada de ello, el juicio continúa.

Pero cada vez son más los que demandan el retorno de la presidenta, separada de su cargo durante seis meses, y denuncian que ha sido víctima de toda una maniobra de la derecha como lo demuestran hasta el momento los hechos.

Medios de prensa se hicieron eco de la denuncia del senador Roberto Requiao, del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño , respecto a la intención de Temer de "comprar" el Senado para garantizar la separación definitiva de Dilma de la Presidencia de la República.

Lo cierto es que desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en la estatal petrolera Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores para impedir que se mantengan al frente del gobierno.

Brasil es víctima de un golpe de estado contra su democracia, La derecha ha orquestado todo un plan, campaña mediática incluida, para tratar de desprestigiar al Partido de los Trabajadores y lograr lo que no ha conseguido en las urnas: retornar al poder y volver a la época de los monopolios y grupos financieros.