Por: Roberto Morejón

Si bien aún recorre los vericuetos judiciales, el proyecto gubernamental para aumentar las tarifas del gas gravita sobre las cabezas de los argentinos, quienes también sufren los efectos de los despidos laborales y recortes de los ingresos.

Con aspereza, el presidente Mauricio Macri y los ministros instaron a sus compatriotas a reducir el uso de la calefacción para bajar los consumos de gas, con el argumento de la carestía del transporte y distribución.

Los consumidores de pocos recursos son los que menos entienden a su Presidente, quien oriundo de una acaudalada cuna jamás asumió la austeridad como principio.

Sin tener en cuenta la severidad del período invernal en la región austral, el nuevo cuadro de tarifas para el gas establece un tope de 400 por ciento en la facturación final del servicio para los usuarios residenciales y de 500 por ciento en el caso de los comercios.

Los incrementos promulgados castigan con particularidad a residentes en las regiones sureñas de Argentina, más expuestos a las bajas temperaturas.

Mientras el gobierno da la espalda a esas personas, arropa a los ejecutivos de las empresas del gas en concordancia con la política de beneficiar al capital privado.

Por el combustible entregado al sistema de transporte, las gasíferas pasarán de facturar menos de 4 mil millones de dólares anuales a casi 7 mil millones y a recibir casi 5 dólares por la unidad que les cuesta producir 1,9 dólares.

Macri, quien antes aumentó la tarifa del agua, acudió al gastado ardid de culpar de todos los males de Argentina a la gestión de la expresidenta Cristina Fernández, a quien la justicia intenta acorralar.

Según el Presidente, los ajustes de cinturones de hoy son obligatorios por la herencia recibida.

También critica a la administración anterior por promulgar medidas de corte presupuestario destinadas a proteger a las capas sociales más vulnerables.

En consecuencia, el actual gobierno argentino desmonta brutalmente parte de ese resguardo al multiplicar los despidos de los empleados públicos y privados.

Más de 161 mil argentinos quedaron cesantes en el primer semestre de 2016 sobre todo en las esferas del comercio, construcción, textiles, frigoríficos y automotrices.

Sobrepasan los 55 mil 900 los trabajadores con jornadas reducidas y la consecuente pérdida de salarios y otros beneficios derivados de las horas extras y el pago por nocturnidad.

Con los despidos, una inflación superior al 40 por ciento y los incrementos de tarifas de servicios esenciales regresa el neoliberalismo a Argentina, servido por el derechista presidente Mauricio Macri.

Buena parte de los 44 millones de argentinos están sumidos en la impotencia, la confusión y la ira, sentimientos que al mezclarse incentivan las protestas masivas.