por  Nicanor León Cotayo

Cuando Jordan-Aparo se quejó, le introdujeron a la fuerza en una celda de aislamiento y lo fumigaron con gases hasta que cesó de respirar.

Una periodista del Nuevo Herald, Julie K. Brown, divulgó esta semana una sombría demanda judicial de 33 páginas a favor de Randall Jordan-Aparo, de 27 años de edad, confinado a una celda de aislamiento por solicitar insistentemente cuidado médico a su enfermedad de la sangre.

Lo encontraron semidesnudo y con un residuo anaranjado, resto del gas que lo asfixió.

El texto de la demanda recordó que el hecho sucedió en la Institución Correccional Franklin, seis años atrás, a consecuencia «de las torturas, golpes y fumigación con gases que le propinaron».

También puntualizó que Randall Jordan-Aparo cumplía una condena de 19 meses «por fraude con tarjetas de crédito».

Este último sufría un padecimiento genético de la sangre, agravado en los meses que precedieron a su muerte.

La acusación jurídica subraya la negativa de agentes correccionales, médicos y enfermeros de la prisión a facilitarle cuidados, aunque lo peor vino después.

Cuando Jordan-Aparo se quejó, le introdujeron a la fuerza en una celda de aislamiento y lo fumigaron con gases hasta que cesó de respirar.

Fotografías de su cadáver lo muestran boca arriba junto a una Biblia, mientras el cabello, las piernas, los dedos de los pies y la boca estaban cubiertos por un residuo anaranjado.

¿Qué era eso? Trazas del spray químico que lo mató.

La demanda judicial antes referida fue presentada a nombre de la hija de Jordan-Aparo, que tiene 12 años de edad.

El abogado que la representa, Steven R. Andrews, dijo que médicos, enfermeros y la alcaidesa de la prisión, Diane Andrews (todos nombrados en la demanda), conspiraron para encubrir la muerte de su padre, eliminando evidencias, falsificando informes y amenazando a testigos.

Andrews puntualizó que, como demostró una investigación, utilizar contra la víctima 600 gramos de agentes químicos en un espacio confinado, resultó una cantidad muy por encima de los niveles letales.

La periodista Julie K. Brown comenta que esta demanda sobre el caso Jordan-Aparo es la más reciente de otras medidas legales presentadas contra el Departamento de Correccionales de la Florida (FDC).

Todo, dice también ella, relacionado con los casos de presos muertos como resultado de malos tratos a manos de agentes uniformados y otro tipo de personal.

En tal contexto, asegura, las demandas afirman que esa agencia tiene un historial de corrupción relacionado con la destrucción y falsificación de pruebas para ocultar las muertes sospechosas de presos en la Florida.

Las circunstancias del fallecimiento de Jordan-Aparo son similares a las de las muertes de otros presos durante los últimos tres años.

Los generaliza con el caso de Rainey Darren Warren, preso de 50 años que sufría de padecimientos mentales, quien fue puesto bajo una ducha hirviente hasta que perdió la piel.

La muerte de Jordan-Aparo, que todavía está siendo investigada por el FBI sin resultados concretos, afronta demandas judiciales presentadas por los investigadores del Departamento de Correccionales de la Florida.

Hasta estos últimos alegan que esa agencia conspiró para encubrir su muerte, y luego tomó represalias contra ellos cuando trataron de investigar de nuevo lo ocurrido.

En junio, un equipo de expertos sentenció que esa entidad dedicó más tiempo a investigar a uno de sus hombres, Doug Glisson, que a buscar datos sobre el caso Jordan-Aparo.

También revelaron que la alcaidesa de esa cárcel, Diane Andrews, autorizó la fumigación a este último, no obstante conocer, según reza en la demanda judicial, su grave padecimiento respiratorio.

Amy Alexander, vocera de Christopher P. Canova, fiscal federal del Distrito Norte de la Florida, respondió con esta declaración sobre el caso de Jordan-Aparo:

«No tenemos información pública alguna con relación a esta pesquisa».

He aquí, sin un átomo de duda, los derechos humanos en acción, tal y como, tantas veces, tiene lugar en Estados Unidos.