por Ángel Guerra Cabrera

Nicaragua sandinista, miembro de la Alba y solidaria con Cuba y Venezuela, no es ajena a la contraofensiva de Estados Unidos y los bloques de poder político-económico locales, contra los gobiernos populares y progresistas de América Latina y el Caribe.

Han resurgido y se incrementan las actitudes injerencistas de Washington contra Managua. Impulsando este escenario y, a la vez, aprovechándose de él, Ileana Ros-Lehtinen, congresista republicana de origen cubano por Florida, y Roger Noriega, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, están enfrascados en una cruzada contra Nicaragua. La base principal de la operación se instalaría en Costa Rica con el apoyo de la Fundación Arias, del ex presidente y premio Nobel de igual apellido, a través de la cual proyectan canalizar 4 millones de dólares como sustento económico inicial a las acciones subversivas y la campaña mediática contra el gobierno de Daniel Ortega.

Protagonista principal de las acciones mediáticas en Nicaragua sería el periodista Carlos Fernando Chamorro, apoyado por el grupo CINCO, que preside, y sus revistas Confidencial y Esta semana, financiadas desde Estados Unidos y la Unión Europea. Esta plataforma estructuraría redes movilizadoras que formen activistas y eventualmente hagan surgir un líder joven capaz de unir a la atomizada oposición. Fernando Chamorro viajaría a Costa Rica, antes o después de las elecciones del 6 de noviembre, para articular el plan lejos de la observación de las autoridades nicaragüenses y de la presión de otros grupos opositores ávidos de protagonismo.

La campaña mediática se focalizará en el Canal transoceánico, el expediente de los derechos humanos, la falta de transparencia en el proceso electoral, la situación de seguridad ciudadana, la corrupción gubernamental y presionar a Managua para que abra su frontera a los migrantes cubanos.

En paralelo se desarrollarían provocaciones contra el gobierno de Ortega. Organizaciones financiadas por la NED, archiconocida pantalla de la CIA, trabajarían en ambientes juveniles para movilizarlos a través de las redes sociales digitales en busca de que las fuerzas de seguridad ejerzan la violencia contra los activistas y eventuales manifestantes para caldear los ánimos y poder pasar a la segunda fase, consistente en sentar a Nicaragua en el banquillo de los acusados ante organismos internacionales y regionales por supuestas violaciones a los derechos humanos. Todo, al igual que la derecha en Venezuela, Bolivia y Ecuador, invocando tácticas pacíficas pero buscando que corra sangre.

La embajada de Estados Unidos en San José está al tanto del plan dada sus estrechas relaciones con Arias y la fundación que lleva su nombre, la que le ha prestado incontables servicios. Conviene recordar la complicidad de Arias con Washington en la consolidación del golpe de Estado contra el presidente Zelaya.

El guión ya es familiar. Es el de los mal llamados golpes blandos.

Pero faltaría la guerra económica. De modo que los legisladores cubanoestadunidenses Ros-Lehtinen y Albio Sires, promovieron a finales de septiembre la aprobación en la Cámara de Diputados, nada menos que por unanimidad, de la conocida como ley Nica. De ratificarse en el Senado, donde es patrocinada por el también cubanoestadunidense Ted Cruz, privaría a Nicaragua de créditos de organismos internacionales como el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo, a menos que restaurara la democracia, según el criterio de Estados Unidos. Más allá de eso, la ley asestaría un rudo golpe a la inversión extranjera, necesitada desesperadamente por todos los países, mucho más si son pobres.

Nada beneficiaría a Estados Unidos que después de la mejoría de imagen en la región que le han traído los modestos pasos de relajamiento hacia Cuba del actual inquilino de la Casa Blanca, de repente aparezca estableciendo un bloqueo financiero contra Nicaragua, sumado a la criminal guerra económica que le impone a Venezuela en alianza con el capitalismo trasnacional. Sin contar la afectación que ocasionaría a numerosas compañías de país del norte y a sectores de negocios nicaragüenses. Podría esperarse que, en caso de aprobarla el Senado, Obama, para cuidar su "legado", ejerza el poder de veto en los meses por venir e impida que entre en acción.

El gobierno sandinista tiene una alta popularidad y se espera que Daniel Ortega gane ampliamente las elecciones del domingo 6 de noviembre. Pero continúa la ruta del golpe suave.


(La Jornada)