Por: Daniela Hernández
Enfrentada una vez más al poder de veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para convertirse en miembro pleno, Palestina aprovechó en 2019 su posición como observador para denunciar en varias ocasiones las violaciones a los derechos humanos que ejecuta Israel en las tierras ocupadas con el apoyo de Washington.
A pesar de su estatus, la nación asumió la presidencia del Grupo de los 77 más China, la mayor organización intergubernamental de países en desarrollo dentro de la máxima organización internacional, lo que le confirió privilegios y derechos adicionales que incluyen hacer declaraciones, presentar propuestas, revisiones, copatrocinar resoluciones,así como explicar su voto.
Israel por su parte, continuó a lo largo del año con su política de destrucción de viviendas palestinas, persecución, confiscación de ingresos fiscales, legislaciones racistas y torturas, entre otras.
Siguiendo esa línea de represión las detenciones ejecutadas por agentes israelíes durante los primeros seis meses del año ascendió a más de 2 mil 600, de los cuales 300 son menores de edad.
A finales de junio, el gobierno de Donal Tromp convocó al Foro de Bahréin que se promocionó como el acuerdo del siglo para la paz israelí-palestina, cuando en realidad no contó con la presencia de ninguna de las partes involucradas.
El documento presentado en el supuesto Foro económico no hace ninguna referencia a la ocupación militar israelí sobre los territorios palestinos desde hace 52 años que frena en gran medida su economía.
Además de que lleva aparejado un ofrecimiento virtual que requeriría la donación de 50 mil millones de dólares para un plan que incluye 179 proyectos de inversión y la entrega de los territorios palestinos sin disimulo.
Durante los dos días que duró el evento miles de palestinos protestaron en ciudades de los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza, lo que derivó en graves incidentes durante los cuales los soldados israelíes emplearon gases lacrimógenos y bala de gomas para reprimir a los activistas que respondieron lanzando piedras.
No obstante, esta no fue la única manifestación popular del año.
Cada semana los palestinos protagonizaron La Gran Marcha del Retorno, con la excepción de la festividad musulmana Eid Al Adja, a fin de exigir al gobierno judío que levante el bloqueo contra la Franja de Gaza y que reconozca el derecho de 5 millones de palestinos a regresar a sus hogares.
Por otro lado, Estados Unidos declaró en noviembre que los asentamientos israelíes en Cisjordania no son incompatibles con la ley internacional, posición que apuntaló su apoyo al gobierno de Israel luego del reconocimiento de Jerusalén como su capital en 2017.
Actualmente hay más de 200 asentamientos ilegales en Palestina, e incluso, algunos de ellos han crecido hasta convertirse en grandes ciudades con una población total de más de 600 mil colonos.
Como consecuencia de esa expansión ilegal hasta octubre de este año la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 243 incidentes en los que los colonos israelíes mataron, hirieron o dañaron propiedades de los palestinos.
La organización también indica que la cantidad de estructuras que Israel ha demolido en la Cisjordania ocupada presenta un aumento de casi 40 por ciento en comparación con el período equivalente de 2018.
Siguiendo esa línea de agresiones, en noviembre el gobierno israelí bombardeó la Franja de Gaza, donde resultó muerto un alto líder de la Yijad Islámica y su esposa.
A partir de ese hecho el intercambio de misiles entre las dos partes trajo consigo una escalada de violencia en la que la parte Palestina resultó más afectada con un saldo de 34 muertos, entre ellos tres mujeres y ocho niños.
Sin embargo, en un intento de recuperar cierta estabilidad el Primer Ministro de Palestina Mojamad Chatayej y el Coordinador Humanitario Yaimi Mac Goldrik lanzaron en diciembre el Plan de Respuesta Humanitaria para 2 MIL 20 en los territorios palestinos ocupados por Israel.
Tal iniciativa solicita 348 millones de dólares para proporcionar alimentos básicos, protección, atención médica, refugio, agua y saneamiento a mil 500 millones de palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.
