Por: Maritza Gutiérrez

Bolivia, estado plurinacional, situado en la región central de Suramérica, posee una población indígena de más del 60%, sobre todo de los pueblos quechuas y aymaras.

El inicio de 2019 para Bolivia estuvo marcado por una renovada confianza política en el mandato del presidente Evo Morales Ayma, también indígena de la etnia aymara. Su administración contaba con una mirada positiva que alcanzó el 67% de aprobación, según datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Por otra parte, organismos internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina(CEPAL), confirmaron que en 2019 el país mantendría un crecimiento del 4%, lo que lo ubicaba como líder de expansión en Suramérica por sexto año consecutivo.

¿Por qué, a pesar de los avances económicos y sociales alcanzados, la reelección de Evo Morales tuvo un desenlace tan fatal para esa nación suramericana?

Las élites de poder nunca aceptaron, ni perdonaron que un indígena llegara a ser presidente de Bolivia, y mucho menos, que lograra importantes transformaciones sociales y crecimiento económico sostenido para su pueblo.

Todo estaba calculado: el triunfo de Evo Morales en Bolivia no podía transcurrir de forma pacífica y sin cuestionamientos.

El 20 de octubre pasado, mediante una jornada electoral participativa, tranquila y transparente, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales por cuarta vez consecutiva. Pero, los actores políticos opositores - la gran mayoría provenientes de la vieja clase media-, ya habían anunciado que no aceptarían una victoria de Evo. De manera que, sin presentar prueba alguna, lo acusaron de fraude, difundieron mensajes racistas contra Morales y sectores indígenas.

La incertidumbre creada sobre una posible segunda vuelta fue alimentada con el hecho de que el Tribunal Electoral no brindara nuevos partes, debido a la lejanía de varias zonas rurales y las dificultades de transportación de las llamadas «maletas» con las boletas hasta los centros de conteo y verificación.

La oposición extremista, guiada por el perdedor Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho convocaron a sus seguidores, quienes protagonizaron protestas violentas y agresiones contra los simpatizantes de Evo y su partido Movimiento Al Socialismo (MAS).

El Gobierno de Morales se mostró a favor de verificar los resultados e instó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a sumarse, junto a otros Gobiernos como el de México, Paraguay y Perú.

Sin embargo, la derecha boliviana no aceptó ninguna propuesta. En cambio, exigió la celebración de una segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De esa forma desconoció el voto popular que le dio la victoria a Morales con el 47 por ciento, sobrepasando los diez puntos de diferencia sobre su rival, Mesa, que obtuvo el 36 por ciento de los votos. El Gobierno pidió al opositor Carlos Mesa participar en auditoría de votos, a lo cual se negó y mantuvo las movilizaciones incitando a la violencia.

Confirmando lo que se presuponía, sobre quiénes estaban orientando esa actuación, rápidamente los gobiernos de Brasil, la Argentina de Macri, Estados Unidos y la OEA, coincidieron —casualmente — con lo que antes dijera el opositor Mesa, y empezaron a cuestionar al Tribunal Electoral y al sistema de conteo de votos.

En este contexto, el alto mando militar de las fuerzas armadas se pronunció y sugirió al presidente constitucional renunciar a su cargo. La misma línea fue seguida por la policía nacional.

Así se llevó a cabo el golpe de Estado el pasado 10 de noviembre, que no por anunciado dejó de sorprender, por su planificación y complicidad, como en ocasiones anteriores, con la OEA y la intervención de Estados Unidos. Ese día Evo Morales renunció y explicó sus razones al pueblo y a la comunidad internacional.

Ante el peligro para su vida y la desatada represión en contra de funcionarios del MAS y sus seguidores, Evo Morales aceptó el ofrecimiento de asilo político del gobierno mexicano. Viajó a México, no sin múltiples obstáculos impuestos por el gobierno de facto que se entronizó en el país andino.

A pesar del sofisticado entorno “constitucional” con que la ultraderecha boliviana intentó blindar el golpe de Estado contra el presidente, Evo Morales, comenzó a conocerse rápidamente el origen fascista de los autores intelectuales y ejecutores de la asonada cívico-militar que interrumpió el proceso democrático boliviano.

Agencias de noticias, entre ellas, Telesur, informaron sobre la filtración de 16 audios que demuestran el complot entre líderes opositores y militares, para impulsar las acciones desestabilizadoras y el golpe de Estado contra el presidente Morales.

La senadora, Jeanine Añez, se autotituló jefe de Estado en sustitución del presidente depuesto, sin el quórum requerido en el parlamento, y con la complicidad del ejército y la policía. La autoproclamada presidenta entró al palacio de gobierno y celebró con una Biblia en la mano.

Inmediatamento lanzó una represión brutal contra el pueblo boliviano y particularmente contra las poblaciones indígenas. Se registraron las primeras denuncias de persecución política y violaciones de los derechos humanos. La bandera wipala, símbolo de la multiculturalidad de Bolivia, fue quemada por los opositores del MAS.

Decenas de miles de bolivianos salieron a las calles en la ciudad aymara de El Alto, ubicada a más de 4 000 metros de altura, para expresar su apoyo al presidente Evo Morales. Igual ocurrió en todo el país. Miles de heridos y más de treinta muertos han sido reportados en los días violentos que siguieron al golpe facista.

El centro estratégico latinoamericano de geopolítica (CELAG) denunció que la OEA ‘fabricó’ el informe de un supuesto fraude electoral en Bolivia, que sirvió de base para forzar la salida de Evo. Otras agencias internacionales también negaron la existencia de fraude electoral

Desde México, Evo Morales continuó exigiendo el cese de la violencia y denunciando el golpe de estado en su país. Permaneció en tierras mexicanas durante un mes, y luego viajó a Argentina como “refugiado”.

El presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, fue nombrado jefe de campaña de su partido Movimiento Al Socialismo. Desde Argentina, ha pedido la formación de una misión internacional que garantice unas elecciones transparentes en su país.

En Bolivia, los partidos y movimientos políticos seleccionan ya a sus candidatos para los comicios que deben tener lugar en los primeros meses del 2020. Según ha trascendido, el gobierno de facto intentará evitar la participación del MAS, para lo cual pretende, incluso, ilegalizarlo.

Mientras desde Bolivia la autoproclamada presidenta autoritaria Jeanine Áñez lo amenaza con una orden de aprehensión, el exprimer mandatario Evo Morales, víctima de un golpe de Estado, teje hoy desde Argentina, la campaña de su partido camino a las elecciones.

Para Bolivia, el año 2019 cierra bajo la incertidumbre de un gobierno de facto que ha cambiado de golpe y porrazo, el rumbo político de un país, que en los últimos catorce años obtuvo impresionantes logros económicos y de justicia social para su pueblo, bajo la presidencia de Evo Morales.

¿Qué sucedera en los próximos días y meses? Habrá que esperar, pero seguramente será una batalla campal. Hay mucho en juego y los usurpadores no cederán en su afán de mantener el poder usurpado. De cualquier modo, como bien afirmara Evo Morales ante su pueblo, «Esto no termina aquí, la lucha continúa». (Fuentes: RHC, Prensa Latina, Telesur, Granma, HispanTv, Moncada)