Por: Guillermo ALvarado

Dos países centroamericanos, Nicaragua y Honduras, celebraron elecciones  durante 2021, en el primero para afirmar los avances sociales y económicos del gobierno del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, FSLN, y en el segundo en busca de poner fin a la corrupción y violencia allí imperante.

El 7 de noviembre más de cuatro millones fueron convocados a las urnas en la Patria de Sandino, en medio de una ofensiva desatada por Estados Unidos, con la complicidad de otros gobiernos de la región y de la Unión Europea, empecinados en desconocer ese proceso.

Alegaban, entre otras cosas, que la administración de Daniel Ortega había apresado a los candidatos de la oposición para garantizar su victoria, una mentira destinada a confundir a la opinión pública internacional y local.

Hubo detenciones, pero no fue por razones políticas sino por delitos tipificados en las leyes, como la incitación a la violencia, conspirar contra los intereses del país y pedir una intervención armada extranjera, actos que son sancionados en cualquier país del mundo.

Además, ninguno de los arrestados era candidato a la presidencia, por la sencilla razón de que cuando ocurrió su captura aún no había comenzado el período de inscripción de aspirantes a ningún cargo público.

La campaña incluyó la amenaza de sanciones y unos días antes de los comicios el Congreso estadounidense aprobó la llamada Ley Renacer, que refuerza la Nica-Act de 2018, para obstaculizar el flujo financiero y de inversiones hacia la nación centroamericana.

Apenas proclamada la victoria de Ortega con el 75,9 por ciento de los sufragios, Joseph Biden promulgó esa legislación y puso en marcha a la Organización de Estados Americanos para que desconociera la legitimidad de los comicios, lo que derivó en la renuncia de Managua a su membresía en esa organización.

La abultada votación a favor del FSLN se explica por la calidad de vida ofrecida a la población. Nicaragua tiene la mejor red hospitalaria de América Central, con más de 70 instalaciones modernas, mil 259 puestos médicos, 192 centros sanitarios, 178 casas maternas y un sistema de clínicas móviles que llega a los sitios más remotos.

La educación ha crecido en todos los niveles, se espera alcanzar la soberanía alimentaria en 2026, ocupa el quinto lugar entre las naciones con menor brecha de género, es el primero en la región con más mujeres en el gabinete, la cobertura eléctrica es del 99 por ciento y el agua potable llega al 92 por ciento en zonas urbana y 55 en las rurales.

Este somero vistazo explica la ojeriza que Estados Unidos tiene contra ese país, que se convierte en un ejemplo en el área y todo el continente.

Bien distinta es la situación en la vecina Honduras, donde los doce años transcurridos desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 hundieron a la población en la pobreza, el desempleo, la violencia del narcotráfico y una galopante corrupción administrativa.

Bajo ese sombrío panorama casi cinco millones de ciudadanos estuvieron inscritos para votar el 28 de noviembre y eligieron con el 50,6 por ciento a Xiomara Castro, esposa de Zelaya, como la primera mujer que ocupará la presidencia en la historia de esa nación.

Fueron unos comicios que rompieron varias marcas, no sólo por el género de la ganadora, sino porque logró la suma de sufragios más alta que cualquier otro aspirante desde el inicio de la vida republicana de Honduras.  

Además, el partido postulante, Libre, terminó con la hegemonía de los dos grupos políticos dominantes hasta ahora, el Liberal y el Nacional, este último del presidente saliente, Juan Orlando Hernández, quien en dos períodos de trabajo concitó un abrumador rechazo entre la población y sus mismos aliados en Estados Unidos.

La tarea de las nuevas autoridades será abrumadora, con casi el 70 por ciento de los habitantes en condición de pobreza, así como la violencia contra todo el que aspire a mejorar las condiciones de vida, como lo recuerdan los asesinatos de las dirigentes populares Berta Cáceres y Margarita Murillo.

Es una plaza fuerte de las pandillas, las temidas “maras”, y de los carteles del narcotráfico que trasladan estupefacientes hacia Estados Unidos, al grado de que Antonio, Tony, Hernández, hermano del presidente, fue condenado este año a cadena perpetua en la nación norteña por trasiego de cocaína.

No es extraño, entonces, que resulte el mayor emisor de migrantes indocumentados hacia territorio estadounidense, fenómeno que sólo se detendrá si la gente encuentra un aliciente para permanecer en su tierra.

A pesar de todas las dificultades, el 2021 deja a Honduras en una situación de esperanza de que poco a poco, con paciencia y tesón, con voluntad política y esfuerzos es posible construir un futuro mejor.