por Roberto Morejón

Durante el primer año de gobierno del presidente Mauricio Macri, la intolerancia y las señales de violencia, incluso contra mujeres, han ganado espacio en Argentina como si quisieran disputarle protagonismo a los crecientes indicadores de desempleo y pobreza.

En un país caracterizado por una cultura promedio proverbial, llaman la atención desmanes como los cometidos contra una diputada opositora y los manifestantes concentrados frente a la sede de un tribunal.

En la norteña provincia de Jujuy se juzga a la líder social Milagro Sala, calificada por algunos analistas y entidades humanitarias dentro y fuera de Argentina como una presa política.

Sala fue acusada de promover una protesta airada contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009, pero inconcebiblemente 9 años después se inició la causa, aunque la activista permaneció detenida desde enero en un limbo legal.

Sala, a quien también la acusan de delitos de corrupción, denunció que sufre una persecución política y su caso es motivo de atención porque Naciones Unidas solicitó su liberación, junto a otras entidades.

La ONU determinó que hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas para sostener su privación de libertad de manera indeterminada en el tiempo, lo que constituye una vulnerabilidad de la independencia judicial.

En ese contexto de dudas sobre la situación de Milagro Sala fue agredida físicamente la diputada argentina del opositor Frente para la Victoria, Mayra Mendoza, quien trataba de visitar a la encarcelada.

Según Mendoza, policías iniciaron forcejeos y agredieron a varios políticos simpatizantes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en los momentos en que trataban de ingresar al tribunal en Jujuy.

El juicio transcurre en medio de un imponente despliegue policial, más o menos similar al ordenado durante una reciente reunión del Mercado Común del Sur, en Buenos Aires, a la que trató de ingresar la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, a la postre agredida físicamente.

Argentina es escenario además de acusaciones cruzadas por denuncias de represión de fuerzas de seguridad y asesinatos para atizar una tensión social creciente.

Imágenes insólitas de guardias con escudos que arremeten contra personas hacen pensar a muchos argentinos que alguien quiere atemorizar a las masas y condicionar conductas a través del miedo.

No asombra entonces leer en los periódicos exhortaciones a garantizar un fin de año sin presos políticos y represión y con pleno funcionamiento de las instituciones.