Una gran confusión reina dentro y fuera de Cataluña luego del referendo por la independencia del 1 de octubre, que fue reprimido con exceso de fuerza por la policía española, y la posterior y rocambolesca actuación del presidente del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, quien declaró la soberanía y ocho segundos después congeló todos sus efectos para, según él, abrir un diálogo sin condiciones con Madrid.

La actuación del funcionario recuerda a cierto cómico mexicano cuando dijo: “no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario”.

Lo cierto es que Puigdemont agregó más incertidumbre al caso, desconcertó y disgustó a los de adentro, mientras afuera no le creyeron y las amenazas del gobierno del derechista Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, se hicieron más agudas contra la población de Cataluña.

Entre el arsenal de sanciones que Rajoy esgrime figura la activación del artículo 155 de la Constitución en un plazo de 5 días, que terminan el lunes, lo que supondría el fin de la autonomía para esa región. Madrid también rechazó cualquier intento de mediación para impulsar el diálogo y reiteró los plazos fijos a Barcelona para clarificar la situación, lo cual hace pensar que mantendrá una posición de fuerza.

Esta postura tiene que ver con algunas opiniones que circulan a propósito de este conflicto, según las cuales la pregunta no es si Cataluña independiente sería viable, sino más bien hasta qué punto España sería viable sin Cataluña, una región importante desde el punto de vista económico y productivo.

Los socios de la Unión Europea, en tanto, expresaron ya su apoyo a la integridad territorial de España, lo que no tiene nada de extraño porque la independencia catalana sentaría un precedente que preocupa a unos cuantos en ese continente, donde el fantasma de la desmembración yugoslava todavía sobrevuela.

Tampoco tiene nada de raro la campaña mediática lanzada en contra de las aspiraciones de la región de Catalunya, entre ellas la relacionada con una supuesta fuga masiva de empresas de ese territorio.

Además del banco Sabadell se mencionan la multinacional de seguros Axa, la calificadora Applus, Caixa Bank, Gas Natural y hasta la mexicana Bimbo.

Hay que decir, en efecto, que estas firmas cambiaron su sede social y fiscal hacia otros lugares de España, lo que en ningún momento significa que hayan cerrado sus puertas en Cataluña, despedido su personal, interrumpido sus negocios o clausurado sus edificaciones. Todas, sin excepción siguen funcionando con normalidad.

Es un caso parecido al de Google, que por razones fiscales, para pagar menos impuestos, tiene su sede social en Irlanda donde hay un régimen tributario más flexible y tolerante, pero todas sus operaciones las realiza en Estados Unidos, de donde es originario su capital.

Una cosa es cambiar la sede social, y otra es irse, en el sentido estricto de la palabra, de un lugar determinado.

Para la población catalana favorable a la independencia vienen días de muchas dudas, sobre todo en cuanto a si sus autoridades les seguirán acompañando en sus anhelos o primarán otros intereses que podrían desviar esos objetivos. (Guillermo ALvarado)