Por Roberto Morejón (RHC)

Velar por los derechos de las personas discapacitadas es uno de los preceptos afianzados en el Proyecto de Constitución debatido por los cubanos por estos días.

Los individuos con limitaciones físicas, mentales, intelectuales y sensoriales representan 15 por ciento de la población mundial, pero escasean las normas jurídicas para apuntalar sus prerrogativas.

En Cuba, más de 556 mil personas presentan esas dificultades y el Estado les otorga prioridad en sus políticas.

Si bien persisten carencias materiales en este país pobre y bloqueado que obstaculizan la cobertura total de sus requerimientos, está avalado el pleno acceso a empleo, salud y educación.
 

A treinta y siete mil alumnos asciende la matrícula de la Educación Especial en Cuba, a quienes, como dijo el líder histórico de la Revolución Fidel Castro, habrá de enseñárseles todo lo que se les pueda enseñar.

Sometido a consulta popular, el Proyecto de Constitución estudiado en fábricas, escuelas y comunidades para sustituir a la vigente desde mil 976, salvaguarda los derechos de los imposibilitados.

El artículo 74 del bosquejo de la venidera Ley de Leyes precisa que el Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger y asistir a las personas con algún tipo de discapacidad.

El texto subraya el papel del Estado en la garantía de las condiciones requeridas para la rehabilitación y mejoramiento de la calidad de vida de los individuos con insuficiencias físicas y mentales.

Es cierto que hoy en Cuba se trabaja por la inclusión efectiva de las personas en esa situación a través del vínculo unido y coordinado de organizaciones sociales y entidades oficiales.

La Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores tiene voz autorizada y los puntos de vista y necesidades de sus miembros son tenidos en cuenta.

Pero el boceto de la venidera Constitución de la República va más allá al asentar jurídicamente el compromiso de amparar y socorrer a los ciudadanos con invalidez total o parcial.

En su proyección de perdurabilidad, la próxima Carta Magna que deberá aprobarse mediante referéndum el año siguiente, avala para el futuro lo que hoy se considera, con justeza, como un deber insoslayable.
 
Hablamos de brindarles a esas personas accesibilidad, educación inclusiva, inserción laboral, facilidades a las tecnologías para la incapacidad y participación política.

Si utilizamos un término muy actual, podemos decir que los cubanos se preparan para arraigar en la Carta Magna una arista cardinal de la vigencia de los derechos humanos, la de empoderar a las personas con discapacidad.