Por: Guillermo Alvarado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido en banderas de combate de su administración el flujo de migrantes desde el sur hacia el norte, así como el trasiego de estupefacientes con dirección a su territorio, pero nada dice de las armas producidas allí que inundan la región y contribuyen a elevar la violencia.

Se trata de un tema que formó parte de la agenda en el reciente encuentro del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, con su homólogo estadounidense Mike Pompeo, pero que no pasó más allá de una propuesta para realizar acciones conjuntas en la frontera común para frenar el tráfico de estos pertrechos.

De acuerdo con fuentes mexicanas, entre ellas la Fiscalía General de la República,

hay un incremento en el uso de armas fabricadas en el vecino del norte en hechos delictivos perpetrados en la nación latinoamericana.

Entre las de pequeño calibre y rifles el aumento es del 9 por ciento, de rifles automáticos, el 63 por ciento y fusiles de asalto el 122 por ciento, es decir más del doble, señala el informe oficial.

Si bien aún hacen falta muchos trámites y negociaciones, entre ellos la valoración de expertos, Ebrard aseguró que con estos operativos conjuntos "se pretende que tengan un impacto real en el trasiego de armas hacia México, que es uno de los problemas principales para nuestro país".

No es un problema nuevo, desde luego, y así lo confirman recientes estudios sobre este jugoso e ilícito negocio.

El Center for American Progress, una organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas, difundió en 2018 un documento titulado “Beyond Our Borders”, en español ”Más allá de nuestras fronteras”, donde revela que cada año cerca de 213 mil armas de fuego son introducidas ilegalmente en México desde Estados Unidos.

Se trata de un masivo contrabando que se incrementó notablemente después de que la administración de Felipe Calderón aceptara convertir al país en un muro de contención contra el narcotráfico, desatando una guerra interna que causó cientos de miles de víctimas y no resolvió el problema.

La dificultad principal radica en las enormes facilidades que existen en Estados Unidos para comprar pertrechos, sin importar el calibre ni la cantidad. Además, como las autoridades federales están más preocupadas por lo que pueda entrar al país, no en lo que sale, inundar a México y desde allí a otras naciones latinoamericanas ha sido tarea relativamente fácil.

Precisamente los países más señalados como emisores de migrantes indocumentados, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, son los que sufren en mayor medida el impacto del tráfico de armas desde Estados Unidos.

Es verdad que en estas naciones hay causas estructurales que generan violencia, pero esta sería menos grave si el crimen organizado, las maras y los delincuentes comunes no pudiesen comprar a la vuelta de la esquina desde un revolver hasta un fusil.

Estados Unidos tiene la obligación moral de frenar este tipo de crimen, y la comunidad internacional el derecho de denunciarlo en cuanto foro sea posible porque, en definitiva, los muertos los ponen nuestros pueblos.