El Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE es el principal sospechoso de la elevada tasa de esterilizaciones de mujeres migrantes.

Por: Guillermo Alvarado

Una enfermera que trabajó durante años en una cárcel privada para migrantes indocumentados, pagada con fondos del gobierno federal de Estados Unidos, denunció que muchas mujeres recluidas allí fueron sometidas a la extirpación del útero, presumiblemente sin su consentimiento.

Dawn Wooten, quien laboró en el centro de detención del condado Irwin, estado de Georgia, dijo que un ginecólogo asignado a ese lugar le practicaba esa operación a prácticamente todas las mujeres que consultaba.

Agregó que, en su criterio, las féminas no comprendían en toda su magnitud y consecuencias la cirugía a la que eran sometidas. Hay que recordar que los migrantes sin papeles que arriban a suelo estadounidense suelen ser personas de escasos recursos que no dominan el inglés.

La denuncia fue realizada por la organización Project South e incluye las malas prácticas en esa prisión hacia los internos que padecen covid-19, que no son aislados ni se les pone un tratamiento adecuado para mejorar su salud.

Hasta ahora ni el Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, ni la firma Salle Corrections, propietaria y gestora del Centro emitieron declaraciones respecto a estos supuestos abusos.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió investigar a fondo el asunto y señaló que si se comprueba que mujeres vulnerables fueron sometidas en masa a la extirpación de sus órganos de reproducción, esto sería un abrumador abuso a sus derechos humanos.

Estados Unidos tiene un historial oscuro en estos asuntos. En Guatemala entre 1946 y 1948 médicos del país norteño infectaron a decenas de prostitutas con sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual.

Luego las obligaron a tener relaciones con reclutas, presos y enfermos mentales para experimentar con ellos algunos medicamentos y comprobar si eran útiles o no. En ningún caso hubo consentimiento de estas personas.

Más de 80 de las víctimas de este programa, financiado y ejecutado por Estados Unidos, murieron por la sífilis y sus familiares presentaron en años recientes una demanda contra la farmacéutica Bristol-Myers Squibb, la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller.

Al frente del experimento estuvo el ya fallecido doctor John Cutler, quien también participó en el infame programa Tuskegee, por medio del cual 600 trabajadores negros fueron contagiados con sífilis y luego observados sin ningún tratamiento para determinar el curso de la enfermedad.

La bioética no es una materia bien aprendida en el país que gusta presentarse como el máximo defensor de los derechos humanos en el mundo.