Por María Josefina Arce

Colombia no deja de ser noticia. A poco más de un mes y medio de iniciado el presente año las altas cifras de asesinatos y masacres aumentan la preocupación de que las acciones de esta índole no tendrán un fin inmediato y los peores días estén por venir.

Para tener una idea de lo compleja de la situación remitamonos al mes de enero. INDEPAZ, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz,  afirmó que los datos recopilados arrojaron que la cantidad de masacres en ese mes se duplicó, en comparación con igual periodo de tiempo de 2021, así como el número de muertes por ese tipo de delito.

Trece masacres con un saldo de 40 muertos se registraron en enero, de acuerdo con INDEPAZ, que monitorea estos lamentables acontecimientos.

Febrero no empezó mejor. Si tomamos en cuenta los hechos acaecidos en ambos meses,  el país suramericano superará en breve las 20 masacres, una cifra realmente alarmantemente.

Al mismo tiempo se incrementaron los asesinatos de líderes y defensores de los derechos humanos. Ya se contabilizan más de 20 de estos crímenes, por lo que se eleva a más de MIL 300 el número de estos activistas eliminados desde la firma en 2016 de los acuerdos de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

Los ex combatientes, quienes cumplieron con lo pactado e hicieron dejación de las armas, también han sido blanco de la ola de violencia que sacude al territorio colombiano. Hasta el momento han sido ultimados cinco, con lo que se elevó a más de 300 los que perdieron la vida desde 2016.

Ante esta situación a finales de enero la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales, al considerar que hay violación de manera masiva del acuerdo de paz, suscrito en La Habana. El órgano judicial determinó que existe una grave crisis que ha afectado los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, seguridad y la paz de los exguerrilleros, quienes tratan de reinsertarse en la sociedad.

La Corte Constitucional llamó al gobierno del presidente Iván Duque a que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los excombatientes, como establece lo pactado en 2016.

Lo cierto es que poco o nada se  ha hecho bajo el mandato de Duque para la total implementación de los acuerdos de paz, que por demás, como han reiterado firmantes, expertos y defensores de los derechos humanos contiene los mecanismos necesarios para poner fin a la violencia.

La sociedad colombiana vio con esperanza el acuerdo de paz, pero a poco más de cinco años de su firma la violencia sigue desangrando a un país, que necesita sanar sus profundas heridas.