Por: Guillermo Alvarado.

A poco más de una semana del asesinato en Honduras de la dirigente indígena y defensora del medio ambiente, Berta Cáceres, existe mucha incertidumbre sobre lo acertado de las investigaciones judiciales para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen que despertó una oleada de repulsa en diversos lugares del planeta.

Según denunció el activista mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba en el domicilio de Cáceres la madrugada del ataque y es el único testigo de los hechos, desde el primer momento los investigadores cometieron numerosas irregularidades, entre ellas modificar el escenario de los hechos, al tiempo que se propalaron versiones tendenciosas con el propósito de desprestigiar a la víctima y sus compañeros de lucha.

Voceros policiales dijeron, por ejemplo, que la muerte de la líder comunitaria se debió a problemas internos entre las organizaciones indígenas y hubo quién habló hasta de un crimen pasional.

Según Castro, entre las fotos que le dieron para que identificara a alguno de los sicarios, éstas correspondían a manifestaciones populares hechas en diversos lugares del país. Agregó, además, que luego de intensos interrogatorios nunca recibió copia de sus declaraciones y, como se sabe, no se le permite abandonar el país centroamericano, donde su vida corre peligro.

Olivia Zúñiga, hija de la dirigente asesinada, afirmó que se trató de un crimen político y responsabilizó a las empresas mineras y proyectos hidroeléctricos contra los que su madre luchó durante varios años.

Negó que Cáceres hubiese renunciado a las medidas cautelares ordenadas para proteger su vida ante las numerosas amenazas de muerte que recibió y reiteró, junto a sus hermanos, la demanda de que el caso sea investigado por una comisión internacional para garantizar la imparcialidad en el proceso y que los verdaderos culpables sean llevados ante la justicia.

El caso se ha convertido en un quebradero de cabeza para el ejecutivo hondureño debido a las intensas presiones internacionales para que se dé una rápida y efectiva respuesta.

Hasta ahora, sin embargo, la mayoría de los que fueron interrogados son compañeros de lucha de Berta Cáceres, mientras los sicarios permanecen en total impunidad, lo que genera una profunda molestia entre las organizaciones sociales, defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Honduras.

En esa nación hay más de 40 proyectos hidroeléctricos y decenas de concesiones mineras que generan rechazo porque afectan el territorio donde viven numerosas comunidades.

Varios de esos planes fueron aprobados sin hacer antes una consulta con las poblaciones indígenas, lo que viola normas internacionales sobre los derechos de los pueblos originarios.

La lucha contra estos proyectos figura entre las hipótesis más sustentables del asesinato de Cáceres, algo que, aseguran sus familiares y compañeros, el gobierno hondureño se resiste a ver.