¿Cómo se garantizan la asistencia y seguridad social en Cuba?

Édité par Bárbara Gómez
2021-01-12 19:47:50

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La Habana, 12 ene (RHC) En Cuba no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social, y eso ha sido obra de la Revolución, enunció la ministra de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó Cabrera, en el programa Mesa Redonda.

Eso es una voluntad de la política social de la Revolución, que se mantiene en el tiempo y que la Tarea Ordenamiento no va a cambiar, insistió. «La población debe confiar en nuestro sistema de Asistencia Social».

«Estructuralmente, el sistema de Seguridad Social, que protege al trabajador y su familia, ofrece prestaciones monetarias para cubrir riesgos ante las enfermedades, la invalidez total y parcial, la maternidad e, incluso, el fallecimiento del trabajador, pues en estos casos se protege a los familiares que tienen derecho». De igual forma, dijo, concibe prestaciones de Salud que son gratuitas.

Complementan este régimen las prestaciones de Asistencia Social, que se brindan a ancianos sin recursos ni amparo, a personas no aptas para trabajar que carezcan de familiares en condiciones de prestarles ayuda, y otros que así lo requieran, agregó.

No obstante, aseveró, la principal seguridad que tiene nuestro país en la esfera social es el derecho al empleo, que es la piedra angular de todo el sistema de seguridad social.

Con relación al impacto que ha tenido la Tarea Ordenamiento en dicha esfera, la Ministra informó que 1 671 000 pensionados (el 100 %), fueron beneficiados con la aplicación de la reforma y, hasta la fecha, el 98 % ha cobrado.

Además, señaló, la pensión mínima se fijó al costo de la canasta de bienes y servicios de referencia. Anteriormente cubría 0,68 canastas y se incrementó 5,5 veces, o sea, la Tarea Ordenamiento mejora la capacidad de compra de esa pensión, apuntó.

«Para este año, el presupuesto de la Seguridad Social para el pago de las pensiones es de 33 139 millones de pesos, lo cual es significativo, pues solo se compara con los gastos que tenemos en Salud y Educación».

«En el caso de la Asistencia Social hubo un incremento de 5,8 veces de la prestación mínima, fijándose en 1 260 pesos. En este proceso fue beneficiado el 100 % de las personas que reciben tal prestación, y ha cobrado el 94,3 %».

A diferencia del anterior, el presupuesto de la Asistencia Social no es contributivo, sino que es asumido íntegramente por el Presupuesto del Estado, con un gasto de 2 707 millones de pesos para 2021, acotó la titular.

MANTENER SUBSIDIADO EL SAF POR LA ASISTENCIA SOCIAL

Sobre el Sistema de Atención a la Familia (SAF), la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, refirió que no es un servicio dirigido a personas con insuficiencia de ingresos, sino a un grupo de personas que tiene limitaciones para elaborar alimentos de manera independiente, en razón de la edad, discapacidad u otras situaciones familiares.

Ejemplificó que hay beneficiarios de la asistencia social y embarazadas, siendo un servicio que se presta, además, en la comunidad.

    76 810 personas reciben el servicio
    12 018 son subsidiados por la asistencia social

La Ministra precisó que una de las causas de las inasistencias de los beneficiarios de este servicio a los centros fue el tema de los precios, por lo que, tanto el Ministerio del Comercio Interior como el de Finanzas y Precios, comenzaron a revisar estas cuestiones.

Reiteró que «no existe ningún impedimento para cualquier persona que requiera el servicio, esté en este momento protegido en el SAF o no para incluirlo, y si es no solvente económicamente, la Asistencia Social puede asumir ese gasto».

Feitó Cabrera resaltó que «lo que no se puede permitir es que algunas de estas personas no acudan porque hay un alto precio, pues este es un servicio social que hay que mantener».

Referente a este tema, añadió que los precios fijados oscilarán entre los 8 y 13 cup establecidos por la política y, a través del control popular, se deberá velar por la calidad del mismo.

SERVICIOS DE HOGARES DE ANCIANOS

Se ha establecido una diferenciación en el costo del servicio de un hogar de ancianos que tenga mejores condiciones que el resto. Añadió que en el país existen 157 de estos centros, de los cuales 49 están certificados por el Ministerio de Salud Pública.

    2 324 adultos mayores permanecen en régimen de internado, de los cuales:
    513 asumen el pago con sus ingresos, con ayuda de su familia.
    1 811 reciben subsidios de la Asistencia Social, de ellos, de forma parcial 1 353, y de forma total 458.

Afirmó que «cualquier persona que necesite estar en un hogar de ancianos, que no tenga ingresos o su familia o pensión no alcance para costear el incremento de la tarifa, también va a continuar subsidiado con cargo a los fondos de la Asistencia Social, y nadie tiene que preocuparse».

La Ministra comentó que se asume también el pago de los que están seminternos, unos 517 adultos mayores en los centros que están certificados, y 410 reciben subsidio de la Asistencia Social.

Nuevas tarifas:

    Hogares de ancianos certificados: 1 260 cup.
    Hogares de ancianos no certificados: 126-189 cup.

SERVICIO DE CASAS DE ABUELOS

    300 casas de abuelos, de las cuales 234 están certificadas.
    7 440 adultos mayores, de los cuales:
    2 996 asumen el pago con sus ingresos, o con ayuda de su familia.
    4 444 reciben subsidios de la Asistencia Social, de ellos, de forma parcial 3 014, y de forma total 1 430.

Precisó que en todas las casas hay un asistente social de Salud que tiene un vínculo, con la filial del Inass de los municipios en el caso de los pensionados que entregan parte del dinero, y también con las direcciones de Trabajo en el caso de los beneficiados con la asistencia social.

TODAS LAS PERSONAS VULNERABLES SERÁN ATENDIDAS

Sobre la protección a las madres que tienen hijos con discapacidad, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social recordó que este es un servicio que fue resultado del estudio sicosocial de las personas con discapacidad que se hizo por el Ministerio de Salud Pública, y que nuestro Comandante en Jefe estuvo rectoreando, que es la protección a las madres de hijos con discapacidad severa.

Hay 4 037 madres que están protegidas. El empleo de ellas es cuidar a su hijo. Hay un grupo que está protegido por su salario: son 3 202 madres, y siempre que ha habido un incremento de pensiones, a esas personas se les toma el último salario que tenían cuando eran trabajadoras, y se les incrementa como si hubieran estado trabajando.

Hay otro grupo de madres (739) que cuentan con solvencia económica en el núcleo, y solamente se les consideran los años de servicio, y hay otras que son insolventes económicamente y se les da una prestación monetaria, comentó.

En todos los casos, estas personas, cuando llegan a la edad de jubilación, pueden acceder a ella, y todo este tiempo se les considera tiempo de servicio. Ese es uno de los servicios sociales de lujo que tiene la Asistencia Social, afirmó.

La recomposición de los ingresos y la eliminación de subsidios y gratuidades bajo el principio de mejor subsidiar personas que subsidiar productos, hicieron que se eliminara el subsidio a muchos productos –acotó Marta Elena Feitó–, y que hubiera 700 millones de pesos destinados al presupuesto de la Asistencia Social de este año para nuevos núcleos que pudieran ser económicamente vulnerables.

«Toda persona, núcleo familiar que se sienta en condiciones de vulnerabilidad en estos momentos, puede acercarse al lugar que está destinado en el consejo popular para atender estas solicitudes».

Tenemos en este momento 29 934 personas que han solicitado esta protección. Ya se les ha dado a casi 14 000 personas que han sido protegidas.

A un grupo de estas (4 443), la protección que se le dio fue un empleo, esa es la principal protección que se puede ofrecer. Esto tiene un término de hasta 72 horas. Se hacía anteriormente en el Ministerio de Trabajo, hoy eso se hace a nivel de municipio. Es una protección que puede irse dando muy rápido en el territorio.

Sobre los trabajadores que se han visto afectados de alguna manera con el nuevo salario, refirió que «con el oído en la tierra seguimos este tema».

Hay un grupo de trabajadores que tienen ingresos insuficientes para asumir el precio. Ante tal situación, el Gobierno decidió facultar a los jefes de las entidades laborales a conceder, a solicitud del trabajador, un financiamiento salarial de mil pesos ante la insuficiencia de ingresos por cualquier causa. Este es un financiamiento salarial que hay que devolver. Se contabiliza como una cuenta por cobrar corriente. El trabajador, en un término que no exceda los cuatro meses, debe devolver, descontado de su salario, ese financiamiento.

La Ministra finalizó recordando que, más allá de la Tarea Ordenamiento, todo lo explicado está refrendado en la Constitución de la República, que son derechos que tienen los ciudadanos cubanos.

«La Revolución insiste en su firme propósito de que nadie quedará desamparado. Existen las condiciones, las políticas, los respaldos para que nadie en Cuba quede desamparado», concluyó. (Fuente: Granma).

 



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