Buenos Aires, 27 dic (RHC) Un juez federal embargó por 10 mil millones de pesos (unos 644 millones de dólares) a la expresidenta argentina Cristina Fernández y la procesó por ''delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada''.

Entre las varias causas contra la exmandataria, quien ha afirmado que se trata de una persecusión política y judicial en su contra, a Fernández le adjudican haber armado un supuesto plan para favorecer una obra pública de la empresa Austral, de Lázaro Báez.

Según reportan medios de prensa, el juez federal Julián Ercolini embargó a la expresidenta en la causa por la supuesta asociación ilícita que dirigió fondos para obras públicas viales a Austral Construcciones SA.

Bajo los mismos cargos también procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, y a Báez, entre otras figuras, según una resolución firmada hoy.

La propia Fernández ha insistido en el pedido de la creación en el Congreso de una comisión bicameral que realice una auditoría de la obra pública en todo el país durante su gestión al mando del Ejecutivo, en los últimos 12 años.

Propusimos que se audite toda la obra pública desde 2003. Todas las obras, todos los empresarios, todos los gobiernos, apuntó en un mensaje difundido en las redes sociales el 31 de octubre pasado, cuando rindió declaratoria por esta causa.

El abogado de la expresidenta Carlos Beraldi ha apuntado que las causas por la obra pública y el caso del dólar futuro en las que se la vincula tienen motivaciones políticas.

La exdignataria reiteró en varias ocasiones que existe una persecución política y de hostigamiento mediático en su contra y buscan proscripción, difamación y estigmatización de un movimiento político, que tuvo un gobierno de transformación y preparó a millones de personas, defendió Fernández.