Washington, 19 nov (RHC) Un tribunal estadounidense celebra hoy una audiencia sobre la demanda interpuesta por organizaciones de derechos civiles contra la decisión del presidente, Donald Trump, de negar las solicitudes de asilo a quienes entren ilegalmente al país.
El juez Jon Tigar será el encargado de considerar en la corte de distrito de San Francisco, California, la orden de restricción presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Legal para la Pobreza del Sur y el Centro de Derechos Constitucionales.
Tigar tendrá que determinar si se debe detener temporalmente la política anunciada por el mandatario republicano el 9 de noviembre, la cual supuso un cambio en las normas de solicitud de asilo del país, con el objetivo de disuadir a miles de migrantes centroamericanos que viajan en caravana hacia la frontera sur estadounidense.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 establece que cualquier inmigrante en Estados Unidos puede solicitar asilo sin importar si ingresó a través de un puerto de entrada legal o no.
Pero la proclamación presidencial emitida por Trump establece que quienes lleguen ilegalmente a territorio norteamericano no serán elegibles para que se les otorgue esa protección, en virtud de un reglamento promulgado por el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional.
Solamente podrán realizar solicitudes de asilo aquellas personas, incluso sin la documentación adecuada, que se presenten para inspección en un puerto de entrada.
Estoy actuando para suspender, por un período limitado, el ingreso de ciertos extranjeros con el fin de abordar el problema del gran número que viaja a través de México para ingresar a nuestro país de manera ilegal o sin la documentación precisa, expresó entonces el presidente.
Pero de inmediato la ACLU interpuso la demanda contra esa acción, al considerar que con ella se viola tanto la mencionada Ley de Inmigración y Nacionalidad como la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946.
La nueva prohibición de asilo de Trump es ilegal. Ni el presidente ni los secretarios de su gabinete pueden anular los mandatos claros de la ley de Estados Unidos, pero eso es exactamente lo que están tratando de hacer, manifestó Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Según el activista, la orden 'socava el Estado de derecho y es un gran fracaso moral porque trata de quitarle la protección a las personas que enfrentan la persecución, es lo opuesto a lo que Estados Unidos debería representar'.
Trump reiteró este fin de semana sus críticas a las caravanas de emigrantes, a las que continuamente tilda de invasión, y dijo que Estados Unidos no está preparado para manejar esa cantidad de personas.
Atrapar y liberar es un término obsoleto. Ahora es atrapar y detener. Los inmigrantes ilegales que intentan ingresar a Estados Unidos, a menudo orgullosamente enarbolando la bandera de su nación mientras solicitan el asilo, serán detenidos o rechazados, escribió en Twitter.
(Prensa Latina)
