Caracas, 31 jul (RHC) El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró la realización de una investigación en torno a la “apátrida participación” de un funcionario impostor en un juicio en Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

A través de la red social Twitter, el titular del Ministerio Público explicó que el ciudadano José Ignacio Hernández accionó fraudulentamente ante un tribunal estadounidense para propiciar el embargo de la compañía Citgo, filian de Pdvsa en territorio norteamericano.

“Este señor había sido contratado en el pasado por la empresa (canadiense) Crystallex International Corporation como experto, con la finalidad de usar sus argumentos jurídicos en contra de los alegatos presentados por la estatal petrolera venezolana, agregó Saab.

A la par de estas declaraciones, el Ministerio Público informó en un comunicado que Hernández pretende ostentar el cargo de procurador especial para la defensa del Estado y de los demás entes descentralizados de la Administración Pública en el exterior.

Precisó el ente que este cargo es inexistente en la estructura de los poderes públicos de Venezuela, así como la representación de un inexistente presidente interino de la República, en referencia al diputado opositor Juan Guaidó, reconocido como tal por Estados Unidos y sus aliados.

José Ignacio Hernández participó en representación fraudulenta del Estado venezolano en el proceso seguido en un tribunal de apelaciones estadounidense, el cual rechazó el reclamo de Pdvsa contra un fallo dictado en agosto de 2018 que permitiría a Cristallex el embargo de la filial Citgo.

El Ministerio Público rechazó categóricamente esta sentencia y la pretensión de la justicia de Estados Unidos de decidir quiénes son los auténticos representantes de los intereses de Venezuela, en violación de la soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la carta de las Naciones Unidas.

Más temprano, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció una gran operación dirigida al despojo y apropiación ilegítima de activos de la nación sudamericana en Estados Unidos, con la anuencia de la justicia norteamericana y la complicidad de la oposición nacional.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció una gran operación dirigida al despojo y apropiación ilegítima de activos de la nación sudamericana en Estados Unidos, con la anuencia de la justicia norteamericana.

En rueda de prensa, Delcy Rodríguez precisó que un juez federal dictó la “insólita decisión” de incautar Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para cumplir con pagos pendientes del Gobierno bolivariano a la empresa canadiense Cristallex International Corporation por supuestos derechos mineros perdidos en el país.

Al respecto, la vicemandataria aseveró que Cristallex nunca ostentó derechos mineros, títulos legítimos o propiedad alguna sobre la mina de oro Las Cristinas, uno de los yacimientos auríferos más grandes del continente.

Aclaró que la compañía canadiense solo tenía un contrato de servicios sobre la mina, lo que no le daba ningún derecho a la propiedad ni a los activos de Venezuela.

Delcy Rodríguez señaló a miembros del partido Voluntad Popular, incluido el diputado Juan Guaidó –reconocido por Estados Unidos y sus aliados como mandatario interino- como cómplices de estos actos ilícitos para apropiarse de los recursos del país.

“Denunciamos que es una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela; el Estado continuará ejerciendo las acciones ante todas las instancias judiciales para defender los derechos del pueblo venezolano”, señaló.

En tal sentido, Rodríguez presentó un chat telefónico que evidencia el intento de Juan Guaidó, su representante ante Estados Unidos, Carlos Vecchio; y el designado procurador del ilegal Gobierno paralelo, José Hernández, de robarse los activos de Citgo en Estados Unidos.

La delegación del Ejecutivo bolivariano ya llegó a Barbados para continuar con la mesa de diálogo, informó además la vicepresidenta venezolana, quien indicó que estas acciones contra los bienes del país atentan contra el espíritu de las negociaciones.

Agregó que el Gobierno mantiene la disposición de avanzar en las conversaciones, promovidas por el Reino de Noruega, para llegar a un acuerdo de convivencia dentro del respeto mutuo y la soberanía nacional.