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Quito, 25 sep (RHC) El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, vetó totalmente el proyecto de Código Orgánico de la Salud, aprobado por la Asamblea Nacional hace un mes.
áLa salud es un tema integral! Veté el Código Orgánico de Salud por consideraciones técnicas y porque no responde a las necesidades actuales de la población. Invito a todos a trabajar en un nuevo proyecto que recoja las demandas de salud de los ecuatorianos.', afirmó el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
El oficio enviado al legislativo por el jefe de Estado, en el cual argumenta la decisión, dejará al país sin ley para regular la salud, por otros 12 meses, después que ya esperó ocho años por una normativa relacionada con ese sector vital.
Según explicó Moreno en su misiva al parlamento, de la forma en que está planteado el proyecto legal, es imposible su implementación de manera eficiente y eficaz.
La propuesta abarcaba temas como la producción y comercialización de medicamentos, todo lo relacionado a insumos médicos, el acceso a la salud y cuidado de las personas con cáncer, entre otros.
También incluía tópicos polémicos, entre los que resaltaba la aprobación del aborto para casos especiales, la reproducción humana asistida y el uso regulado del cannabis con fines medicinales.
En cuanto al dictamen presidencial, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, aseveró en rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet que fue vetado porque 'en su integridad no corresponde a lo que nosotros aspiramos como gobierno, como sociedad civil'.
'No existió un rigor científico, ni clínico, en la construcción de la norma', amplió y señaló la necesidad de elaborar un nuevo proyecto más incluyente, basado en evidencias científicas y con la participación de la sociedad civil.
Al respecto, agregó que en los últimos 30 días, profesionales de la salud, expertos de las sociedades médicas y autoridades realizaron una rigurosa revisión del documento y encontraron más de 400 observaciones en términos de forma y fondo.
La postura del ejecutivo, generó opiniones contrarias en el país, donde grupos autodenominados ProVida saludaron la decisión, sobre todo por lo relacionado con su oposición a la interrupción de embarazos, sin importar bajo qué condiciones ocurre y la situación de salud de la embarazada, mientras un amplio sector de la sociedad rechazó el veto.
El tratamiento del cuerpo legislativo inició en 2012 y en 2016 fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, mientras que su última versión quedó aprobaba el pasado 25 de agosto. (Fuente:PL)
