Lima, 5 nov (RHC) Organizaciones y movimientos sociales en Perú reclaman la redacción de una nueva Carta Magna como forma de superar los males sociales generados por el cruel neoliberalismo en el país sudamericano.

Desde hace años, los dos partidos de izquierda más sólidos en Perú, el Frente Amplio y Nuevo Perú, apuntan también a la elaboración de una nueva Constitución como una medida indispensable para lograr un cambio en la realidad política, económica y social del país; haciendo énfasis prominentemente en el modelo neoliberal.

En un sondeo realizado a inicios de noviembre por la empresa Datum Internacional, a la pregunta si la ciudadanía desea un cambio de Constitución, el 56% contestó a favor, el 27 en contra y un 17 no manifestó opinión. Visto así, se podría percibir que un grupo considerable de peruanos ve conveniente la iniciativa pero, a diferencia de la principal causa que las fuerzas de la izquierda esgrimen (cambio de modelo económico), existiría un divorcio con los intereses ciudadanos.

En dicho sondeo, de las personas a favor del cambio, el porcentaje más alto, un 31%, indicó que este permitiría un mayor castigo a la corrupción; mientras que un 12% indicó que una nueva Constitución permitiría una mayor intervención del Estado en la economía, algo conectado con el cambio del modelo neoliberal. Esto parecería confirmar que la izquierda peruana no está abordando el tema desde el ángulo de mayor interés ciudadano.

La Constitución de Perú también fue redactada dentro del régimen dictatorial de Alberto Fujimori (1990-2000), quien realizó giros a una política de libre mercado, pero cuyo régimen acabó con su renuncia luego de probados actos de corrupción y con su intento fallido de quedarse por 15 años en el poder, y acaso más si es que las circunstancias se lo permitían.

Las noticias divulgan, además, de importantes protestas en demanda de respeto a los derechos laborales y por diversos reclamos sectoriales se realizaron en la capital peruana y ciudades del interior, convocadas por la Confederación General de Trabajadores (CGTP).

En la marcha participaron 15 mil obreros y en ciudades del interior hubo también grandes movilizaciones contra normas gubernamentales que recortan o eliminan conquistas de los trabajadores.

La movilización en la capital ocupó la amplia avenida Abancay, en al centro histórico de la ciudad, paralizando el tránsito en una amplia zona durante más de una hora, y llegó frente al Congreso de la República.

Los manifestantes fueron desalojados por la policía con chorros de agua y empujados por una compacta barrera formada por numerosos policías, y el uso de gases lacrimógenos lanzados.

Las protestas desafiaron el estado de emergencia vigente desde marzo de este año, ante la pandemia de Covid-19, y el líder de la CGTP precisó que la jornada de lucha, como la denominó, demando le anulación de normas antilaborales dictadas desde entonces.

El Parlamento aprobó la eliminación de los contratos temporales en el sector de la salud y la estabilidad laboral de quienes trabajan bajo ese régimen, pero el Gobierno bloqueó la ley con una apelación al Tribunal Constitucional.

Fuente: Sputnik y Prensa Latina