La Paz, 16 nov (PL).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, posesionó hoy al nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas, en acto efectuado en la Casa Grande del Pueblo (sede del ejecutivo).
Presidente de Bolivia posesiona a nuevo alto mando militar
En base a sus prerrogativas como jefe de Estado y capitán general del Ejército, Arce designó a los generales de brigada Jaime Alberto Zabala y Miguel Ángel Contreras comandante en jefe de la institución castrense, y jefe de Estado Mayor General, respectivamente.
El mandatario destinó, además, a los generales de brigada Fuad Genaro Ramos y César Moises Vallejo, y al contraalmirante Javier Torrijo al frente del ejército de tierra, fuerza aérea y armada, en ese orden.
Los nuevos cargos acompañarán la gestión de Arce al frente de los distintos componentes de las Fuerzas Armadas, muy criticada por la mayoría de los bolivianos por su complicidad con el golpe de Estado que obligó a dimitir al presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
La actuación de los militares a las ordenes del posterior Gobierno de facto también dejó mucho que desear al ser considerada explícita su participación en la represión de manifestaciones pacíficas y en las masacres de Senkata y Sacaba, que dejaron una treintena de muertos y decenas de heridos.
Los referidos hechos son investigados por el parlamento boliviano, que a un año de los sucesos aún busca justicia, sin embargo existe el criterio de que los uniformados obstaculizan las pesquisas.
Dicha hipótesis es respaldada por la Defensoría del Pueblo, que llamó a los militares a no obstruir la investigación, que busca la rendición de cuentas de varios oficiales de alta graduación y los exministros de Defensa y Gobierno, Fernando López y Arturo Murillo, respectivamente.
El mandatario destinó, además, a los generales de brigada Fuad Genaro Ramos y César Moises Vallejo, y al contraalmirante Javier Torrijo al frente del ejército de tierra, fuerza aérea y armada, en ese orden.
Los nuevos cargos acompañarán la gestión de Arce al frente de los distintos componentes de las Fuerzas Armadas, muy criticada por la mayoría de los bolivianos por su complicidad con el golpe de Estado que obligó a dimitir al presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
La actuación de los militares a las ordenes del posterior Gobierno de facto también dejó mucho que desear al ser considerada explícita su participación en la represión de manifestaciones pacíficas y en las masacres de Senkata y Sacaba, que dejaron una treintena de muertos y decenas de heridos.
Los referidos hechos son investigados por el parlamento boliviano, que a un año de los sucesos aún busca justicia, sin embargo existe el criterio de que los uniformados obstaculizan las pesquisas.
Dicha hipótesis es respaldada por la Defensoría del Pueblo, que llamó a los militares a no obstruir la investigación, que busca la rendición de cuentas de varios oficiales de alta graduación y los exministros de Defensa y Gobierno, Fernando López y Arturo Murillo, respectivamente.
