Quito, 19 may (RHC) Organizaciones sociales y sindicales de Ecuador reaccionaron a la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional y decretar la muerte cruzada, medida que consideran inconstitucional, y convocaron a una Convención Nacional de grupos sociales para definir acciones de lucha contra el Ejecutivo.

La víspera miembros del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) cuestionaron el hecho de que Lasso intente gobernar con la firma de decretos.

El presidente de turno de la organización sindical, José Villavicencio, alertó que las centrales sindicales ecuatorianas se declaran en sesión permanente para vigilar las acciones del Ejecutivo, ahora sin Parlamento.

En rueda de prensa, Villavicencio convocó a una Convención Nacional de todos los grupos sociales para el próximo 3 de junio, en la que definirán acciones para enfrentar al Gobierno de Lasso, al que calificó de “dictatorial”.

Asimismo, las centrales sindicales exigieron al primer mandatario la organización de mesas de trabajo entre el Ejecutivo y las organizaciones de trabajadores para acordar una eventual reforma laboral.

Recientemente, el ministro ecuatoriano de Gobierno, Henry Cucalón, declaró que el presidente emitirá cinco decretos ley en los próximos días, que incluyen nuevas reformas sobre incentivos y empleo.

En ese sentido, los dirigentes sindicales advirtieron que iniciarían movilizaciones si Lasso emite leyes que afecten los derechos de los trabajadores. También pidieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional no reprimir las protestas sociales, que podrían originarse por los decretos ley anunciados.

Asimismo, el Comité Popular 15 de noviembre junto a otras organizaciones de izquierda convocaron a la conformación de Asambleas Populares Interculturales como respuesta al llamamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) respecto a la grave situación política del país suramericano.

Por medio de un comunicado, el Comité llamó a la unidad de la sociedad civil con fines no electorales y para la acción colectiva -es decir, conformar un frente único de izquierda- y denunció el “autogolpe de Estado” que implantó Lasso con la promulgación del Decreto 741 y su posterior respaldo por parte de los cuerpos represivos.

Con la asistencia de organizaciones de izquierda, barriales y de derechos humanos, la víspera se efectuó el primero de estos encuentros, en el que se discutieron puntos comunes de lucha, más allá de las diferencias ideológicas y de acción de cada uno de los miembros.

Durante la reunión, la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la no injerencia “Movimiento de derechos humanos” (CPAZ) instó a la comunidad internacional a vigilar la “frágil frontera jurídica” en que se encuentra la población civil luego de las declaraciones de los mandos militares y policiales. (Fuente:Telesur)