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Caracas, 4 ene (RHC) La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenó hoy de manera rotunda la orden de una autoridad judicial de Argentina, que intenta realizar el robo de un avión de la empresa Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa.
Los Estados miembros del ALBA-TCP señalaron en un comunicado que el Boeing 747 fue secuestrado en ese país en junio del 2022.
El texto denunció que la “retención ilegal y la orden de decomiso” demuestran que no se guardan ni las formas del servilismo ante el imperialismo estadounidense.
Manifestó que su secuestro y confiscación derivaron de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que atentan contra la soberanía de la República Bolivariana y violan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.
El bloque de integración latinoamericano y caribeño se suma nuevamente a la exigencia del pueblo y Gobierno de Venezuela y respalda las acciones legales, diplomáticas y políticas que emprenda el Ejecutivo para asegurar sus activos.
La Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) exhortó este jueves a las autoridades aeronáuticas internacionales hacer cumplir la normativa legal vigente y no otorgar autorización de sobrevuelo ni escala técnica al avión secuestrado.
Una nota oficial de la entidad indicó que “serían partícipe del robo de este bien legítimo” de esta empresa de transporte de carga aérea venezolana, con la siglas YV 3531.
El texto indicó que la aeronave, dedicada a la explotación del servicio de transporte de carga y correo, está “debidamente autorizada” por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y el código (AOC ESU-078) asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La entidad estatal rechazó y condenó de manera categórica la decisión, arbitraria e ilegal del Juzgado Federal Lomas de Zamora, instruida por el juez Federico Villena.
Subrayó que con esta “decisión arbitraria”, el Gobierno argentino no solo violó los derechos humanos, sino también al debido proceso en el cumplimiento de las regulaciones internacionales, por tratarse de un Estado miembro de la OACI.
En relación, apuntó, con sus obligaciones aplicables a la navegación aérea de los Convenios sobre Aviación Civil Internacional y sobre Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales que “prohíbe el embargo de una aeronave en servicio”.
Mencionó que la tripulación del avión estuvo retenida de manera ilegal durante cinco meses en Argentina y la aeronave secuestrada durante un año y seis meses “sin prueba alguna”, sumado a las pérdidas materiales causadas por daños y perjuicios al patrimonio público venezolano. (PL)
