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Lima, 16 ene (RHC) Un general denunciado por exculpar a militares responsables de 10 muertes durante la represión de protestas sociales, continuará como agregado militar de Perú en Estados Unidos, a donde fue enviado tras aquellos sucesos, reveló hoy una investigación periodística.

El informe del experimentado periodista Ángel Páez precisa que el general de brigada Marco Marín seguirá como agregado a la embajada de Perú en Washington, donde permanece desde mayo de 2023.

Según la versión publicada en la versión de Internet del diario La República, el alto oficial fue asignado a esa misión tras encargarse de un informe en el que sostiene que los militares no dispararon durante las protestas del 15 de diciembre de 2022, cuando cayeron 10 civiles abaleados en la región surandina de Ayacycho.

Precisa que Marín estaba designado para un cargo en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando estallaron las protestas contra el ascenso, por sucesión, de la vicepresidenta Dina Boluarte a la jefatura del Estado.

Entonces, añade Páez, recibió el encargo de determinar si las tropas dieron muerte a los 10 civiles abatidos en Ayacucho y el 24 de marzo presentó un informe, según el cual ningún militar usó las armas contra los manifestantes, lo que contradicen testimonios y registros gráficos.

La presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, son investigados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de genocidio y otros posibles cargos que niegan rotundamente.

El reporte consigna por otra parte consigna que Marín omitió incluir en su informe declaraciones de oficiales y soldados que señalaban a posibles autores de muertes de manifestantes o daban elementos que daban indicios en la misma dirección.

El periodista agrega que, tras cumplir lo encomendado por los jefes de Marín, quedó sin efecto su nombramiento para el Vraem y fue nombrado agregado militar en Washington, cargo que ejerce desde mayo de 2023, un cambio que es inusual, según fuentes militares consultadas por el periodista.

El informe refiere que los generales de división Miguel Gonzales y el general de brigada Jesús Vera, exculpados por el informe de Marín y que tuvieron bajo su mando a las tropas participantes en las operaciones contra las protestas en Ayacucho, fueron virtualmente premiados con nombramientos importantes.

Precisa que Gonzales -cuyo retiro de filas estaba programado para fines de 2022- ascendió al cargo de inspector general del Ejército, el tercero más importante de esa arma, y Vera fue nombrado integrante del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En las protestas sociales, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, murieron 50 civiles, así como seis soldados cuando cruzaban un río y un policía linchado, cuyo caso está pendiente de pleno esclarecimiento. (Fuente: Prensa Latina).