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La Habana, 28 nov (RHC) Bolivia aguarda hoy el retorno desde Perú de Luis Gonzalo Iturralde, empresario de la inmobiliaria Kantutani, presunta responsable de un deslave que sepultó en el lodo 40 viviendas y provocó la muerte de una niña.

Según un comunicado de esa empresa, la Justicia de Perú declaró infundada la detención del dueño de esa firma y le otorgaron comparecencia con restricciones.

El hombre de negocios fue aprehendido en Chile y devuelto a Perú con acompañamiento policial, luego de que la Interpol solicitó la activación del sello rojo debido a la investigación abierta por los delitos de “otros estragos y peligro de estragos con agravante”.

“Iturralde, quien había salido del país para someterse a una intervención quirúrgica en Santiago de Chile, quedó libre. Pero deberá comparecer ante las autoridades del Perú conforme se ha determinado”, expresa la nota.

La defensa legal de la empresa pidió este miércoles la realización de una auditoría técnica independiente, con la petición de que se establezcan las responsabilidades públicas y/o privadas por el aluvión letal.

Kantutani sostiene que no se puede determinar la responsabilidad sin que se audite, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber influido en el desenlace.

El comunicado aclara que los trabajos de estabilización se efectuaron por recomendación de la Alcaldía de Achocalla, que participó incluso en tareas previas de supervisión, de las que posteriormente también fue parte el municipio de La Paz.

Sin embargo, las alcaldías de La Paz y Achocalla responsabilizaron a Kantutani del deslave por el movimiento de miles de toneladas de tierra para ampliar el cementerio de su propiedad Los Andes.

En conferencia de prensa conjunta, el alcalde paceño, Iván Arias, y el de Achocalla, Manuel Condori, aseguraron que, ninguna de las dos autoridades jurisdiccionales, otorgaron permiso para realizar un movimiento de tierra en la zona de Bajo Llojeta, generadora de lo que denominaron mazamorra causante de la tragedia.

Los regidores dieron un plazo de 24 horas a la inmobiliaria para ejecutar trabajos que reduzcan los riesgos en el sector afectado, de lo contrario advirtieron con intervenir la propiedad.

Este miércoles, la policía intervino la alcaldía de Achocalla, en el contexto de la investigación sobre este desastre. (Fuente: Prensa Latina)