Foto: Prensa Latina

La Habana, 10 dic (RHC) Los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo convocaron a protestas para hoy en 18 estados y el Distrito Federal bajo el lema Sin amnistía para golpistas, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Los movimientos piden además el arresto del exmandatario Jair Bolsonaro y otros 36 acusados por la Policía Federal (PF) por intento de golpe de Estado en 2022.

Finalmente, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), envió el 26 de noviembre a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) el informe de la investigación policial sobre la tentativa golpista.

En medio de expectativas, fuentes judiciales indicaron que solo en febrero se conocerá la decisión de la Fiscalía sobre si denunciar o no a Bolsonaro y a los otros imputados por el supuesto plan contra la democracia.

Además, figuran entre las acusaciones un aparente complot para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al vicepresidente Geraldo Alckmin en 2022, y un designio de ataque contra instituciones clave como el STF, en particular eliminar a De Moraes.

El informe final de la PF revela también, entre otras cuestiones, que las pruebas reunidas demuestran inequívocamente que Bolsonaro «planeó, actuó y tuvo el dominio de forma directa y efectiva de los actos ejecutorios realizados por la organización criminal que tenía como objetivo la concreción de un golpe de Estado y la abolición del Estado Democrático de Derecho».

Precisa el documento que el complot no ocurrió solo por hechos «ajenos a la voluntad» del exgobernante (2019-2022).

En conjunto, la indagación enumera ocho episodios para señalar el papel del político ultraderechista en el evento antidemocrático.

Afirma que la tentativa solo no fue adelante por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica en ese momento, además la mayoría del alto mando del Ejército no se sumó al golpe.

Si definitivamente se presenta la imputación de la PGR, el Supremo deberá decidir si acepta los cargos y abre un juicio penal.

El sonado caso representa una prueba significativa para las instituciones democráticas y la capacidad de la justicia en Brasil para abordar delitos de alto perfil.

«Aun viniendo de un grupo político con notoria inclinación golpista, autoritaria y contraria a la democracia, el grado de violencia e inhumanidad causa asombro», evalúa una nota conjunta de organizaciones sindicales como la Central Única de los Trabajadores, la Central de los Trabajadores de Brasil, la Intersindical y Fuerza Sindical.

Considera que el caso extrapola la definición, ya grave, de conspiración política y avanza hacia el crimen organizado y el terrorismo. (Fuente: Prensa Latina)