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La Habana, 7 feb (RHC) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa a golpe de órdenes ejecutivas que despiden, congelan, recortan, aunque algunas de sus medidas reciben hoy en respuesta demandas y bloqueos en tribunales.
Este viernes habrá una audiencia en un tribunal de Massachusetts, para una demanda de 18 estados que impugnan la orden de Trump de bloquear la ciudadanía por derecho de nacimiento, incluido Nueva Jersey, que es el demandante principal.
Pero la víspera un juez federal detuvo indefinidamente el plumazo de Trump con el cual pretende poner fin a esa ciudadanía para los niños nacidos de padres indocumentados y otros extranjeros como turistas, viajeros de negocios, así como trabajadores y estudiantes foráneos sin visa de inmigrantes.
El magistrado John Coughenou advirtió en una audiencia que “es claramente inconstitucional”, pues la ciudadanía por nacimiento, establecida en la Enmienda 14 de la Constitución, es un derecho “fundamental”.
Hace dos semanas, el juez de la Corte del Distrito Oeste en el estado de Washington, con sede en Seattle, puso un alto temporal a la orden ejecutiva de Trump, una de las primeras que firmó cuando asumió el cargo en su segundo mandato el pasado 20 de enero.
“Se ha vuelto cada vez más evidente que para nuestro presidente el estado de derecho no es más que un impedimento para sus objetivos políticos”, subrayó el juez Coughenou la víspera.
El carácter indefinido a este veto es similar a lo que hizo la jueza Deborah Boardman, en la corte federal en Maryland.
Pero en total 22 estados, así como organizaciones civiles, presentaron reclamaciones para tratar de frenar la orden ejecutiva de Trump sobre ciudadanía.
Ayer, otro juez paró temporalmente la fecha límite de la Oficina de Administración de Personal (OPM) para que empleados federales aceptaran una oferta de «renuncia diferida» solicitada por la administración Trump en su empeño por reducir la plantilla gubernamental.
Además, Nueva York y otros estados demandarán a la administración Trump por el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a los sistemas federales.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lidera la demanda a la que se unirán al menos una docena de otros fiscales generales estatales (Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Rhode Island y Vermont).
James acusa al DOGE -el nuevo departamento creado por Trump y dirigido por el multimillonario Elon Musk- de participar en el acceso no autorizado a información confidencial que incluye datos de los estadounidenses en los sistemas informáticos federales del Departamento del Tesoro.
«Este nivel de acceso para personas no autorizadas es ilegal, sin precedentes e inaceptable”, concluyó.
Ya Trump tuvo que revocar la orden de congelar fondos federales aprobados por el Congreso para una serie de programas de ayuda. (Fuente: Prensa Latina)
