Santiago de Chile, 16 jun (RHC) Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile desalojaron a estudiantes que tomaron en protestas el último 26 de mayo el Instituto Nacional y el Liceo Amunátegui, ambos ubicados en la capital de ese país.

De acuerdo con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Roberto Zambrano, durante el procedimiento policial hubo resistencia de los alumnos, quienes lanzaron bombas molotov y de pintura, sin embargo no se registraron detenidos.

Al respecto, refiere el periódico El Mercurio que los funcionarios policiales permanecen en el liceo para evitar el posible reingreso de los alumnos, acción que se suma al desalojo realizado en el Internado Nacional Barros Arana.

Desde hace varias semanas los estudiantes chilenos manifiestan preocupación por la reforma educativa que promueve el gobierno de Michelle Bachelet, y exigen que esa iniciativa incluya el fortalecimiento de la educación superior pública, la gratuidad universal y un nuevo contexto regulatorio del sector, el cual normalice el lucro como un delito con pena de cárcel.

También se divulgó que al menos 1 500 transportistas bolivianos fueron afectados por la clausura de estacionamientos de camiones en el puerto chileno de Arica, denuncian autoridades.

En opinión de David Sánchez, gerente de la Empresa Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), dicha situación es preocupante para el comercio exterior, porque contraviene el Tratado de 1904 que garantiza las facilidades para el trasiego de cargas.

Mediante dicho acuerdo, Santiago se comprometió a garantizar un libre tránsito por los puertos del Pacífico y no imponer de manera unilateral ninguna norma, tarifa o regulación arbitraria a las mercancías, a no ser que se acuerde con Bolivia.

Sin embargo, las radas de Arica y Antofagasta fueron privatizadas y recientemente los administradores anunciaron un nuevo sistema de operaciones cuyo costo eleva las tarifas para los exportadores bolivianos, principalmente de minerales.

En este sentido, Sánchez criticó la víspera el alza en los costos de fletes y el pago de multas a los transportistas bolivianos por parqueo en lugares no habilitados.

Conocimos de manera oficial que se han asumido decisiones unilaterales por parte de las autoridades chilenas, y que obviamente acarren perjuicios para nuestros exportadores e importadores, sostuvo.

Detalló que los costos de operación de la carga nacional en el puerto de Arica se incrementaron en un 10,7 por ciento.

Ello, remarcó, vulnera el acuerdo que establece un trato preferencial a la carga boliviana y dictamina que cualquier cambio a las tarifas debe ser consensuado previamente entre ambos países.

El gerente de la ASPB reiteró que el Estado boliviano rechaza cualquier cambio tarifario sin previo acuerdo.

En opinión de varios legisladores, la medida aplicada en puertos chilenos viola tratados bilaterales y responde a medidas políticas para tratar de coaccionar al Gobierno del presidente Evo Morales por la toma de decisiones nacionalistas y defensoras de la soberanía nacional.

Para el diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Omar Aguilar, la privatización de la administración de los puertos chilenos derivó en el incremento de tarifas y aumento de los costos de operación del transporte de los comerciantes bolivianos.

A su juicio, ello constituye una represalia por la decisión del Gobierno de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para exigir su derecho de acceso soberano al océano Pacífico.

Según Aguilar, el incremento de las tarifas portuarias representa entre 120 y 130 dólares de gastos adicionales.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Patricia Gómez, culpó a Santiago por sostener una actitud unilateral que viola el Tratado de 1904.

Es una actitud arbitraria, pues no existe un registro sobre una posible negociación o concertación para subir los aranceles, remató.