Los tribunales de La Habana aplican con rigor las leyes y disposiciones en tiempos de Covid-19. Foto: Prensa Latina.
La Habana, 28 ago (RHC) Los tribunales de La Habana aplican con rigor las leyes y disposiciones en tiempos de Covid-19, cuyas violaciones hacen que la capital de Cuba presente la mayor incidencia de la Covid-19 en el país.
El presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Yojanier Sierra, informó que las instancias judiciales impusieron penas de encierro al 60 por ciento de los sancionados por actividades económicas ilícitas, especulación, acaparamiento, receptación y apropiación indebida.
Además, dijo, al 70 por ciento de los juzgados por los delitos de propagación de epidemias, desacato, desobediencia, resistencia, así como portación y tenencia ilegal de armas.
El resto de los sancionados, agregó, recibieron multas y sanciones subsidiarias en libertad, informó el diario Granma.
Respecto a los procesos judiciales relacionados con el incumplimiento de medidas sanitarias y otros delitos asociados, Sierra Infante comentó que las principales conductas juzgadas se corresponden con el no uso de nasobuco en la vía pública, luego de varios requerimientos anteriores.
También faltas de respeto y resistencia a los agentes del orden, así como organización y desarrollo de fiestas en ríos, piscinas o casas particulares.
Sobre el enfrentamiento a los "coleros", acaparadores, revendedores, traficantes ilegales de divisas y participantes en otras actividades ilícitas y antisociales, refirió que los comportamientos más frecuentes han estado vinculados a la venta de turnos en las filas.
Mencionó además el expendio de productos de primera necesidad a precios superiores a los de la red de comercio estatal, así como la ocupación de grandes volúmenes de mercancías de procedencia desconocida.
En estos casos, subrayó, se impusieron sanciones accesorias de decomiso de los bienes ocupados y el regreso a los territorios de procedencia a aquellos que viven de manera ilegal y cometen delitos en La Habana.
Durante este periodo, aseguró el magistrado, los cuatro tribunales municipales regionales dispuestos en la capital velaron por el cumplimiento del debido proceso, derecho consagrado en el texto constitucional. (Fuente: Prensa Latina)
