Quito, 27 feb (RHC) Representantes de comunidades amazónicas de Ecuador rechazaron la decisión del Gobierno nacional de remediar los pasivos ambientales o focos contaminantes generados por la petrolera Chevron.

La determinación, anunciada por el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, despertó preocupación en el Frente de Defensa de la Amazonía y la Unión de Afectados por las operaciones petroleras de la petrolera Texaco, adquirida por Chevron desde 2001.

'Que el Estado remedie la parte que le corresponde, es legal; pero que el Estado, con dinero de todos nosotros, remedie el daño causado por Chevron y que le corresponde a #Chevron, es mal uso de fondos públicos. #Exigimostransparencia', escribió en su cuenta en la red social Twitter pablo Fajardo, abogado de la Unión.

A su juicio, el paso dado por el ejecutivo, podría reflejar vínculo y un posible acuerdo entre la petrolera y el Gobierno ecuatoriano, a espaldas de los damnificados por los años de explotación desmedida de la empresa en el llamado Pulmón Verde del Planeta.

Por su parte, la Unión de Afectados también se pronunció al respecto en las redes sociales.

'Rechazamos la falta de transparencia y de respeto del Gobierno ecuatoriano a las provincias de Orellana y Sucumbios frente al caso Chevron', sentenciaron.

Asimismo, anunciaron su oposición a una supuesta remediación ambiental, si antes no hay claridad y transparencia.

La víspera, el titular de Energía confirmó que la Procuraduría General del Estado avaló las acciones previstas.

El litigio conocido como Caso Chevron, que data de más de 20 años, comenzó a partir de una denuncia de comunidades amazónicas ecuatorianas por los daños ambientales y humanos derivados del vertido de la compañía en el período 1964-1990.

En 2011, la justicia ecuatoriana sentenció a la compañía a pagar nueve mil 500 millones de dólares por los perjuicios en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana.

Sin embargo, en 2018 un tribunal de la Corte de La Haya falló a favor de Chevron y dispuso al estado ecuatoriano entregar una indemnización por supuestas irregularidades procesales.(Fuente:PL)