Santiago de Chile, 17 jun (RHC) El hambre se erige hoy como una amenaza real en América Latina y el Caribe cuando la pobreza extrema en la región podría llegar a más de 83 millones de personas a consecuencia de la Covid-19.
Para evitar que la crisis sanitaria se convierta en alimentaria, la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) propusieron este martes una serie de recomendaciones y acciones urgentes a los gobiernos de la región.
Esas sugerencias están recogidas en el informe Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe, presentado de forma virtual en esta capital por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y Julio Berdegué, representante regional de la FAO, indica Prensa Latina.
Bárcena advirtió que 'la gran tarea' es impedir que la actual situación desemboque en una crisis alimentaria, para lo cual ambas entidades recomiendan a los gobiernos complementar el Ingreso Básico de Emergencia (IBE) propuesto por la CEPAL con un Bono Contra el Hambre (BCH).
Este podría materializarse en forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a la población en pobreza extrema por seis meses y cuyo costo equivaldría al 0,45 por ciento del PIB regional, si se entrega a toda la población en pobreza extrema, y tendría un costo estimado de 23 mil 500 millones de dólares.
Según Berdegué, en América Latina puede haber un retroceso histórico en la lucha contra el hambre y perder lo logrado en 15 años, en tan sólo un par de meses y ahí radica la gravedad del problema actual.
También recomiendan para los productores alimentarios un incremento de créditos en condiciones favorables y para las unidades agrícolas familiares más rezagadas, un kit básico de inversión con insumos, además de llamar a la cooperación internacional para apoyar a los países en mayor situación de vulnerabilidad.
La estrategia forma parte de un decálogo propuesto por ambas agencias para que todos los hogares accedan a una alimentación suficiente y nutritiva, las empresas del sistema alimentario puedan realizar sus tareas y los países cuenten con suficientes alimentos para garantizar el abasto a precios razonables.
El decálogo también incluye reforzar los programas de alimentación escolar, ajustar los protocolos de sanidad en la producción, transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas, así como expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo, entre otras medidas.
Según el informe, tras siete años de lento crecimiento, América Latina y el Caribe podría ver la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3 por ciento), lo que traerá en 2020 un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior.
El impacto sobre el hambre será también muy significativo, si se toma en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.
(Prensa Latina)
