La Habana, 6 nov (RHC) La muerte del periodista Hamilton Hernández, del Canal 5 de la televisión, elevó a nueve la cifra de profesionales del sector asesinados durante el 2016 en Guatemala.

El reportero de 28 años de edad y su esposa Ermelinda González, de 35 y maestra primaria, fueron ultimados a balazos la noche de este sábado en el kilómetro cuatro de la ruta entre Coatepeque y Flores Costa Cuca, en el departamento occidental de Quetzaltenango.

La pareja fue atacada con armas de fuego mientras viajaba en su motocicleta, rumbo a la vivienda que compartían en la comunidad Nuevo Granados, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las primeras investigaciones demostraron que el periodista salió cerca de las 22:30 de cubrir una noticia en el Hospital Regional de Coatepeque y al despedirse comentó a sus colegas que iría por su esposa.

Los cadáveres baleados fueron localizados la madrugada de este domingo por un grupo de vecinos, que pasaba por el lugar y alertó a las autoridades.

Tras indagar en el lugar del crimen, los agentes policiales dieron a conocer que las víctimas presentaban impactos de bala en la cabeza y carecían de sus pertenencias personales, por lo cual sugirieron el móvil del crimen fue el robo.

También informaron que en el sitio donde fueron localizados los cuerpos exánimes encontraron alrededor de siete casquillos.

Hamilton tenía siete años de laborar como periodista para el programa Punto Rojo, del canal 5, mientras que su esposa trabajaba en un establecimiento educativo de Flores Costa Cuca.

Familiares de las víctimas exigieron a las autoridades investigar este doble asesinato, que engrosó la lista de los profesionales de la comunicación exterminados en Guatemala.

Hasta la víspera datos de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) daban cuenta de la muerte violenta de ocho periodistas y comunicadores sociales, casi todos por labores asociadas a su profesión aunque en distintos espacios.

Esa dependencia estatal también recibió de enero a noviembre 85 denuncias por violencia, amenazas, acoso y otros delitos contra la libertad de expresión e integridad física de profesionales del sector.