La Paz, 17 ene (RHC) Los exmilitares bolivianos Luis García y Luis Arce resultaron sentenciados a cadena perpetua por la justicia de Italia, al reconocerse su implicación en la muerte de una veintena de ciudadanos de ese país europeo durante el Plan Cóndor.
Ambos aparecen junto a otros seis exsoldados y funcionarios policiales de Chile, Perú y Uruguay relacionados con asesinatos de italianos en la Operación Cóndor en naciones de Latinoamérica, en las décadas de 1970 y 1980.
La sentencia fue dictada por la presidenta de la Tercera Corte Penal del Tribunal de Roma, Evelina Canale.
La condena a prisión perpetua del anciano ex gobernante militar peruano Francisco Morales Bermúdez, por su participación en los crímenes del Plan Cóndor, hace más de 30 años, mereció expresiones de respaldo en Perú.
La sentencia, dictada por un tribunal italiano, forma parte de un dictamen que incluyó a los ex generales peruanos Pedro Richter, ex jefe del ejército, como Morales, y Germán Ruiz Figueroa, y a militares de diversos países de la región, por asesinatos o desapariciones de perseguidos ítalo-latinoamericanos.
El fallo fue rechazado por la familia del expresidente de 95 años, cuya extradición a Italia fue denegada por la justicia peruana, por lo que fue condenado en ausencia, y contó con el respaldo de los congresistas Justiniano Apaza y Alberto Quintanilla.
Apaza, quien como dirigente sindical en mayo 1978 integró el grupo de 13 líderes laborales y periodistas secuestrados y entregados a militares argentinos por el gobierno de Morales, calificó la condena de histórica.
"Es una condena justa, porque él fue un tirano como Pinochet. Ahora solo queda reivindicar a los que fuimos deportados por reclamar que se cumpla con respetar la democracia. Es el momento de reconocer a quienes luchamos por un nuevo Perú", manifestó.
Sobre el argumento de familiares y defensores de Morales que alegan que no fue dictador porque, tras derrocar en 1975 al nacionalista general Juan Velasco Alvarado, entregó el gobierno a un gobierno civil en 1980, Apaza aclaró que lo hizo por presión popular.
El parlamentario Quintanilla señaló que fue una sentencia justa que servirá de escarmiento para que nunca más se instauren regímenes golpistas y dictatoriales en Perú.
Apaza coincidió con el jurista Carlos Rivera en que Morales debe cumplir su condena en Perú, como permite la justicia internacional, aunque la Corte Suprema negó validez a la orden internacional de captura emitida por Italia años atrás.
El abogado del ex general, Luis Vargas, alegó que la sentencia no es aplicable porque el caso del secuestro de los sindicalistas y periodistas es materia de un proceso, pero el jurista Rivera señaló que la condena acredita la participación de Perú en el Plan Cóndor y puede tener consecuencias en el proceso vigente aquí.
"Es la ratificación de hechos particularmente violentos y violatorios de derechos humanos en el contexto de las dictaduras militares. Acredita la intervención del Perú y su entonces mandatario en este plan de carácter criminal", dijo.
Sobre la avanzada edad de Morales, señaló que cuando se trata de crímenes de lesa humanidad no hay contemplaciones de ningún tipo.
El fallo actualizó el caso del secuestro y asesinato de los argentinos de ancestros italianos María Inés Raverta, Julio César Ramírez y Noemí Gianetti de Molfino, esta última integrante del Movimiento Madres de Plaza de Mayo, madres de desaparecidos.
Los tres fueron secuestrados en Lima por agentes argentinos que los sometieron a torturas y los llevaron a Bolivia, con colaboración militar en ambos países y de allí a Argentina. El hecho salió a la luz y, como macabra maniobra de distracción, el cadáver de Molfino apareció en un hotel de Madrid.
Años antes, en 1977, también bajo el gobierno de Morales, agentes argentinos secuestraron en Lima a Carlos Maguid, un argentino que, tras ser amnistiado por actividad insurgente en su país, vivía en Lima dedicado a la docencia universitaria y alejado de actividades políticas y de quien no se volvió a saber más.
