Naciones Unidas, 12 mar (RHC) La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) divulgó un informe que recopila las numerosas violaciones cometidas durante y luego de las elecciones presidenciales en Honduras.

En la respuesta a las protestas suscitadas tras los comicios de 2017, las fuerzas de seguridad emplearon “una fuerza excesiva, incluso letal”, más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, señala el informe.

Incluso, la muerte de siete personas por disparos en la cabeza podría equivaler a ejecuciones extrajudiciales, indica la OACDH.

El informe detalla las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, el 27 de enero.

También señala que al menos 22 civiles y un agente de policía murieron durante las protestas. De esas personas, 16 fallecieron debido a disparos de las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños.

Antes de las elecciones, murieron otras 15 personas, entre los que figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas.

Si bien algunos manifestantes realizaron actos violentos, el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas apunta que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego.

Pero hasta el 27 de enero no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.

Además, se registraron arrestos masivos e indiscriminados: 1351 personas fueron detenidas del 1 al 5 de diciembre, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción.

Del mismo modo, hay reportes de malos tratos en el momento de las detenciones, de allanamientos ilegales de viviendas y un aumento de las amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como contra activistas sociales y políticos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades restringir el uso de la policía militar y las fuerzas armadas, y regular el uso de la fuerza.

Asimismo, instó al gobierno de Tegucigalpa a entablar un diálogo nacional participativo.

De acuerdo con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, la situación en Honduras –que ya es frágil y padece de altos niveles de violencia e inseguridad- probablemente se deteriore más si no hay una verdadera rendición de cuentas por esas violaciones.

Este lunes se instaló una mesa técnica de diálogo para buscar soluciones a la crisis surgida después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, a sugerencia de la misión exploratoria de ONU en ese país.

Mientras la Alianza de Oposición rechazó la estrategia de Naciones Unidas para el diálogo en torno a la crisis política que vive Honduras, al considerar que se corresponde con los intereses divisorios del presidente Juan Orlando Hernández.

En un comunicado, esa fuerza sostiene que puso en conocimiento de la misión permanente de la ONU las condiciones bajo las cuales participaría en un diálogo, cuyos resultados -alega- deben ser vinculantes y producto de la mediación.

Sin embargo, la Alianza afirma que hasta la fecha no recibió ninguna respuesta formal, por lo cual no encuentra una explicación racional sobre cómo y con quién se acordó la convocatoria a las citadas conversaciones, previstas a instalarse este lunes en la capital.

Para la oposición resulta evidente el camino trazado por el actual régimen para falsificar el diálogo, al ignorar el golpe electoral del pasado 26 de noviembre, que -según denunció- fraguó Hernández para lograr la reelección frente al rechazo popular por sus políticas neoliberales.

A ello, según recoge el comunicado, se suma el estado de sitio y los asesinatos a manos de las fuerzas represivas, así como los presos políticos sometidos a vejámenes y la persecución selectiva en contra de los líderes y militantes de la organización a nivel nacional.

La Alianza puntualiza que Naciones Unidas debe promover un diálogo sin trampas, orientado por una parte, al conocimiento de la verdad y la razón de la legítima fuerza demandante que tiene las pruebas de haber ganado las elecciones y, por la otra, el gobierno usurpador del poder.

De ahí que considere la reunión convocada como parte de la estrategia de Hernández para ganar tiempo y generar conflictos ajenos al robo de las elecciones, que -subraya- ganó Salvador Nasralla, entonces candidato de la Alianza.

“El ámbito apropiado no es que se encuentren las partes involucradas ya que las posiciones son contrapuestas, la solución sigue siendo la mediación internacional, previo garantía legal de parte del Estado, que sus resultados serán vinculantes, cumplidos a cabalidad y no papel mojado”, enfatiza.

En opinión de la Alianza un diálogo verdadero no puede partir otorgando posiciones de fuerza al agresor, que utilizó toda la violencia estatal para imponerse en el ejercicio de la Presidencia.

“El gobierno no es, ni puede ser parte, ni arbitro en el proceso, pues, a todas luces, es rehén de los coautores del Golpe Electoral del 26 de noviembre”, acentúa dicha fuerza política en el comunicado, firmado por su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya.

Asimismo, frente a la situación creada la oposición solicita una reunión urgente con el representante permanente de la misión de Naciones Unidas, y sugiere como fecha posible para la misma el venidero martes.

Igualmente llama al pueblo a continuar la organización de los colectivos de lucha para las movilizaciones y protestas políticas en todo el país, de acuerdo con los planes definidos, y con los horarios predeterminados en cada comunidad del territorio nacional.

“Ratificamos una vez más, que para encontrar una solución a la crisis política, es imperativo que la verdad sobre los hechos ocurridos el 26 de noviembre salga a la luz, y sea aceptada por las partes titulares de la disputa”, insiste.

La Alianza denunció en diversos escenarios que Hernández fue reelecto gracias a un sofisticado fraude orquestado en complicidad con el polémico Tribunal Supremo Electoral, lo cual desató una severa crisis política, social y económica en el país.