Naciones Unidas, 26 jul (PL) El vicepresidente de Colombia, Oscar Naranjo, aseguró este jueves en la ONU que proteger a los líderes sociales y sustituir los cultivos ilícitos de los narcotraficantes son dos importantes desafíos para el proceso de paz.
Antes de participar en la sesión del Consejo de Seguridad dedicada a su país, habló a la prensa sobre los retos futuros de ese proceso, que a su juicio cuenta con bases sólidas.
Debemos garantizar un programa de reconciliación fortalecido y vigorizado, ese es uno de los factores esenciales para consolidar la paz, recalcó.
Asimismo, llamó a proteger la vida de los líderes sociales: estamos ahora en una gran contradicción pues se registra la tasa más baja de homicidios en 42 años, pero vemos al mismo tiempo cómo los líderes sociales son asesinados.
De acuerdo con Naranjo, solo por medio de un modelo de justicia transicional y un movimiento social ciudadano se podrán ir curando de manera definitiva las heridas del conflicto.
Además, añadió, Colombia 'tiene un reto histórico, que realmente ha sido una pesadilla para nosotros, que es superar el tema del narcotráfico.'
El presidente Juan Manuel Santos está próximo a concluir su mandato, el próximo 7 de agosto y dejará un proceso de implementación de los acuerdos sobre bases firmes, con más de un centenar de normas expeditas, consideró.
Sobre este tema, existen 44 leyes aprobadas por el Congreso colombiano, se produjeron seis actos legislativos que modificaron la Constitución, y hay más de medio centenar de decretos, que marcan una solidez jurídica en la implementación de los acuerdos, agregó Naranjo.
También agradeció los esfuerzos de la ONU y el Consejo de Seguridad para avanzar en el proceso de paz.
A 20 meses de la firma del acuerdo, se cumplió exitosamente el proceso de dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), subrayó.
Esta organización, que estuvo en armas por más de 50 años, hoy es un partido político que participa con 10 curules en el Congreso, los cuales empezaron a ocupar el 20 de julio pasado, detalló el vicepresidente colombiano.
Tras la firma de la paz en noviembre de 2016 -después de unos cuatro años de diálogos en la capital cubana-, el Consejo de Seguridad dio luz verde a una misión para verificar el cese al fuego y la entrega de armas de las FARC-EP.
Al concluir esta, se aprobó una segunda misión a solicitud del gobierno colombiano, con el fin de dar seguimiento al proceso para la reincorporación de las FARC-EP a la sociedad y el desarrollo de medidas de protección y seguridad, que se mantiene en la actualidad.
Debemos garantizar un programa de reconciliación fortalecido y vigorizado, ese es uno de los factores esenciales para consolidar la paz, recalcó.
Asimismo, llamó a proteger la vida de los líderes sociales: estamos ahora en una gran contradicción pues se registra la tasa más baja de homicidios en 42 años, pero vemos al mismo tiempo cómo los líderes sociales son asesinados.
De acuerdo con Naranjo, solo por medio de un modelo de justicia transicional y un movimiento social ciudadano se podrán ir curando de manera definitiva las heridas del conflicto.
Además, añadió, Colombia 'tiene un reto histórico, que realmente ha sido una pesadilla para nosotros, que es superar el tema del narcotráfico.'
El presidente Juan Manuel Santos está próximo a concluir su mandato, el próximo 7 de agosto y dejará un proceso de implementación de los acuerdos sobre bases firmes, con más de un centenar de normas expeditas, consideró.
Sobre este tema, existen 44 leyes aprobadas por el Congreso colombiano, se produjeron seis actos legislativos que modificaron la Constitución, y hay más de medio centenar de decretos, que marcan una solidez jurídica en la implementación de los acuerdos, agregó Naranjo.
También agradeció los esfuerzos de la ONU y el Consejo de Seguridad para avanzar en el proceso de paz.
A 20 meses de la firma del acuerdo, se cumplió exitosamente el proceso de dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), subrayó.
Esta organización, que estuvo en armas por más de 50 años, hoy es un partido político que participa con 10 curules en el Congreso, los cuales empezaron a ocupar el 20 de julio pasado, detalló el vicepresidente colombiano.
Tras la firma de la paz en noviembre de 2016 -después de unos cuatro años de diálogos en la capital cubana-, el Consejo de Seguridad dio luz verde a una misión para verificar el cese al fuego y la entrega de armas de las FARC-EP.
Al concluir esta, se aprobó una segunda misión a solicitud del gobierno colombiano, con el fin de dar seguimiento al proceso para la reincorporación de las FARC-EP a la sociedad y el desarrollo de medidas de protección y seguridad, que se mantiene en la actualidad.
