Tegucigalpa, 11 abr (RHC) El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras exigió a la justicia del país que dicte sentencia en el caso de la ambientalista Berta Cáceres.
A través de un documento precisa el Consejo que a más de cuatro meses del fallo condenatorio en contra de la estructura criminal implicada en el asesinato de Berta Cáceres, el Tribunal aún NO dicta sentencia.
También en el texto los directivos alertaron que, además, falta llamar a juicio y castigar a los cómplices y autores intelectuales, quienes coordinaron y pagaron ese crimen.
Igualmente refieren que el fallo condenatorio el Tribunal de Sentencia confirma lo que hemos denunciado desde un inicio, sin embargo, la justicia hondureña se niega a dictar las penas.
El 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres fue asesinada en medio de una fuerte lucha contra el proyecto Agua Zarca, el cual no fue consultado con el pueblo lenca y afecta a las comunidades indígenas de los municipios de Intibucá, San Francisco de Opalaca y San Francisco de Ojuera.
Igualmente miembros de la Fuerzas Armadas de Honduras y de la policía asesinaron a un joven hondureño durante una protesta contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.
'Un joven de 17 años que protestaba contra la narco dictadura, murió asesinado por las fuerzas represoras del estado, hoy en Choluteca', escribió el diputado del opositor partido Libertad y Refundación (Libre) Jorge Cálix en su cuenta en Twitter.
'¡Exigimos justicia! ¡No más asesinatos de hondureños por protestar! ¿Y @Almagro_OEA2015 que tiene que decir sobre esto?', añadió.
En la misma red, la cuenta Espacio consciente transmitió 'el momento preciso cuando las fuerzas militares y de presión asesinaron al menor de edad' que recibió un balazo en la cabeza.
De acuerdo con Radio América, esta mañana familiares de Wilfredo de Jesús Ramírez, retiraban su cuerpo del Hospital General del Sur, de Choluteca, ciudad situada a 133 kilómetros al sur de esta capital.
El incidente tuvo lugar en las acostumbradas manifestaciones de los miércoles y sábados en el sur del país por grupos opositores al gobierno.
Choluteca se convirtió en escenario permanente de manifestaciones después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2017 que la oposición califica de fraudulentas.
