Quito, 6 nov (RHC) El dictamen de prisión preventiva contra el exasambleísta de Ecuador Virgilio Hernández, incrementa hoy las denuncias de persecución política que pesan sobre el gobierno de este país sudamericano.
El dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana fue vinculado a la investigación abierta contra al menos cuatro representantes de esa formación política, integrada por seguidores y exfuncionarios del expresidente Rafael Correa, señala Prensa Latina.
Hernández es acusado de supuesta rebelión durante las jornadas de protesta social contra medidas económicas del gobierno, registradas en octubre pasado, delito que niega haber cometido.
'Soy y he sido un rebelde, pero no he cometido el delito de rebelión', aseguró en su cuenta en la red social twitter, poco antes de acudir a la audiencia que tuvo lugar en la Corte Provincial de Pichincha, donde se le aplicó la medida cautelar, impuesta mientras dure la indagación, según el ejecutivo, por llamados a subvertir al pueblo ecuatoriano.
La decisión de acudir a la audiencia fue aplaudida por muchos, mientras otros le recomendaron que no asistiera, para resguardarse de la persecución política abierta contra los llamados 'correístas'.
'Que investiguen lo que quieran. Somos opositores y creemos en la democracia. A nosotros nos buscan aniquilar porque nos creen enemigos políticos', sentenció poco antes de entrar a la Corte, ante decenas de personas que acudieron a la instalación para respaldarlo.
La reacción a su detención no se hizo esperar con pronunciamientos de políticos, organizaciones sociales y población en general.
'Ecuador anochece con un nuevo #presopolítico: @virgiliohernand, compañero de luchas siempre democráticas, pacíficas, siempre por los derechos, hoy acusado de 'rebelión' por este gobierno perverso', aseguró el excanciller Guillaume Long.
En su cuenta en Twitter, Long añadió: 'Virgilio vencerá. Y Ecuador retornará a la senda de la justicia y la democracia'.
La asambleísta Marcela Aguiñaga consideró que la resistencia y la valentía tienen el nombre y rostro de Virgilio hernández.
'Un hombre sencillo que aún sabiendo que se trata de un proceso injusto, ha venido a la audiencia. Si algo queda del Estado Derecho, Virgilio debería defenderse en libertad', enfatizó.
Incluso, personas que no comparten la línea ideológica del exparlamentario, lo consideraron como preso político.
'Desde cuando llamar o liderar la protesta social es delito? Virgilio Hernández; con quien no comparto ni amistad ni ideología ni nada, se convierte en otro #PresoPolitico más! Así de sencillo: #PresoPolitico y nadie lo podrá llamar cobarde porque dio la cara, NO les tuvo miedo!', afirmó el exlegislador Christian Viteri.
Hernández fue vinculado por la Fiscalía al proceso contra otros miembros de la Revolución Ciudadana, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, encarcelada desde el pasado 16 de octubre también por supuesta rebelión, junto a Christian González y Pablo del Hierro.
Tanto Pabón como Hernández fueron acusados por el ejecutivo nacional de liderar intentos de desestabilizar el gobierno, como parte de un presunto plan de golpe de estado, que aseguran fue organizado por Correa y del cual la administración también responsabilizó al jefe de estado venezolano, Nicolás Maduro.
Sus casos destaparon los pedidos de fin a la judicialización de la política, iniciados desde 2017, cuando fue apresado el entonces Vicepresidente de la República, Jorge Glas, vinculado a la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador, y sometido a un proceso lleno de irregularidades, en el cual fue condenado a seis años de cárcel, por un código penal derogado y sin pruebas, según su equipo legal.
En cuanto a la situación actual, Ramiro Aguilar, parte de la defensa de Hernández, aseveró: 'Puedo afirmarles que Virgilio Hernández se suma a la lista de presos políticos en la que ya están Christian González y la prefecta Paola Pabón'.
Aguilar aclaró que los elementos de convicción presentados por la fiscalía son dos tweets e interpretaciones de llamadas telefónicas, por lo cual acotó que fue testigo de uno de los actos más arbitrarios de la justicia ecuatoriana, pues no hay pruebas de grupos armados, subversivos o armas.
(Prensa Latina)
